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INE presenta primera controversia constitucional ante la Corte contra 'Plan B' electoral

MILENIO. El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la primera controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral, aprobada en 2022, en una estrategia que calificaron como “un fraude a la ley” por parte de Morena para lograr abrirle la puerta a la intervención de los funcionarios públicos en los procesos electorales.

En un comunicado, el INE informó que presentaron formalmente este recurso en contra del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

“Se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.“El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”.

El INE explicó que en la controversia detallan cómo estos cambios merman la autonomía del INE y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución mandata, pues es contraria a las restricciones constitucionales que siguen vigentes como el artículo 134, generando un desequilibrio en el modelo de comunicación social y perjudicando la equidad de la contienda, afectando así, que el INE ejerza su función para garantizar que se respete la ley.

“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”.