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Juez niega suspensión definitiva a Murillo Karam contra prisión preventiva

MVS. Un juez de distrito rechazó modificar la prisión preventiva justificada que se le impuso al extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dentro del segundo proceso penal que se inició en su contra por el caso Ayotzinapa.

Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, argumentó que la medida cautelar se encuentra justificada, además de que resulta idónea, necesaria y proporcional para los fines que se persiguen.

El impartidor de justicia le negó la suspensión definitiva al exgobernador del Hidalgo contra la resolución de Juan José Hernández Leyva, juez de control con residencia en el Reclusorio Sur, quien en el mes de noviembre de este año rechazó revocar la prisión preventiva que se le impuso por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto integrante del grupo criminal de Guerreros Unidos.

La defensa de Murillo Karam solicitó la prisión domiciliaria, debido a los problemas de salud que aquejan a su cliente, por lo que actualmente se encuentra en la Torre Médica de Tepepan a la que ingresó el 30 de junio de este año.

No obstante, Hernández Leyva rechazó la petición, debido a que existe el riesgo de que el extitular de la PGR evada la acción de la justicia y de que obstruya el proceso, además que existe un grado de peligro para la víctima, consideraciones que fueron compartidas por el juez de amparo.

Murillo Karam aún puede impugnar este fallo ante un tribunal colegiado; sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal declaró infundado el recurso de queja que interpuso contra la resolución de Noguera Gregoire, quien le negó la suspensión provisional contra la prisión preventiva.

Cabe recordar que el 2 de noviembre de este año, José Rivas González, juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, le concedió a Jesús Murillo la prisión domiciliaria dentro del primer proceso que se inició en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.