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México, segundo de AL en ataques del narco contra curas y defensores de derechos

MILENIO. El crimen organizado y la violencia que se vive en México atacan también la libertad religiosa y ubicaron al país este año como el segundo país con ese tipo de hechos contra ministros de culto en América Latina, sólo por detrás de Nicaragua.

Y es que los líderes religiosos, activistas y defensores de derechos humanos que piden un cese a la violencia y realizan actividades pastorales y humanitarias, son percibidos como una amenaza para los intereses ilícitos y la autoridad de facto que ejercen los grupos criminales.

"Esta situación se agrava por el ensañamiento con el que son silenciados, aunado con los lazos de corrupción entre criminales y funcionarios públicos. Incluso en los más altos niveles de la administración estatal no se atienden de manera debida los llamados realizados por las comunidades religiosas que están en riesgo y/o han sido víctimas de este tipo de situaciones", explicó el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina.

Solo durante los primeros siete meses de 2023, México registró 62 incidentes violentos contra la libertad religiosa, cuatro de ellos derivaron en asesinatos, mientras Nicaragua que reportó 86 incidentes violentos, sin ningún homicidio.

De acuerdo con el reporte semestral del Observatorio, que divide los incidentes en 11 categorías, siendo la más grave el asesinato, en el caso de México, se presentaron cuatro asesinatos, 33 intentos de destruir o profanar lugares de culto, dos detenciones y 23 formas de abuso físico o mental, en promedio, ocho casos por mes.

​Un ejemplo de esto es el caso ocurrido en junio cuando en la iglesia del Pueblo de Santa Anita, ubicada en Chihuahua, se registró una balacera en donde murieron dos personas, una de ellas casi decapitada por los impactos de bala. 

En total se encontraron 961 casquillos y una granada en el sitio. Según el reporte, por este caso, habitantes de tres comunidades huyeron y permanecen desplazados por los constantes enfrentamientos entre bandas del crimen.

Otro y más conocido es el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, caso que incluso provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiera al gobierno proteger a este grupo religioso que "han sufrido amenazas y ataques por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar con normalidad sus actividades pastorales.

Respecto al autoritarismo, el informe señala casos en los que autoridades federales o estatales no respetan la integridad de las personas, los ministros de culto y los templos.

Recuerda que, en marzo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, irrumpieron en la Catedral para detener a migrantes sin apegarse a los protocolos legales.

"La Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Comisión Episcopal de Pastoral Social emitió un comunicado indicando que agentes sacaron arbitrariamente a personas que se encontraban en la Catedral de la Diócesis de Juárez, haciendo uso de la violencia y transgrediendo la integridad física y psicológica de la gente", agrega.

Aunque no es el principal caso en México, el documento menciona también la "hostilidad" como un factor de ataque a la libertad religiosa. Esto lo atribuye a una errada interpretación de la separación iglesia-estado, así como al intento de censurar la doctrina religiosa respecto a la defensa de la vida, la familia y el matrimonio, por ejemplo.

Incluso, acusa cierta intolerancia que ha orillado a la gente a reducir las expresiones públicas de fe para evitar ser señalado como "conservador, anti derechos o discriminador".