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Reformas constitucionales de AMLO fragilizarían las finanzas públicas y la democracia

FORBES. De aprobarse las iniciativas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador fragilizarían las finanzas públicas y el régimen democrático, consideró Sergio Kurczyn, director del Departamento de Estudios Económicos de CitiBanamex.

“(Las reformas)  no muestran un diseño socialmente eficiente y equitativo”, explicó el economista.

El especialista agregó que en lo político, son consistentes con la perspectiva gubernamental de eliminar los contrapesos a las decisiones del Ejecutivo, en una visión iliberal de la democracia: eliminación de organismos autónomos, debilitamiento del INE, elección popular de jueces y ministros (método ajeno a todo el mundo democrático) y eliminación de diputados y senadores plurinominales.

“En lo económico, es preocupante la propuesta de eliminación de la Comisión de Competencia, de Telecomunicaciones y del Coneval, las de energía, y su adhesión al poder ejecutivo”, afirmó el analista del banco.

El 5 de febrero de 2024, el jefe del Ejecutivo presentó 18 reformas constitucionales y dos legales, las cuales fueron entregadas por Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación (Segob), a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, mismas que pretenden cambiar el andamiaje institucional del país.

“Varias de las propuestas tienen un costo fiscal creciente, inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas y su deterioro previsible, aún antes de las nuevas propuestas”, comentó Sergio Kurczyn.

La iniciativa de aumentar las pensiones, establecer un salario mínimo para la mayoría de los trabajadores del sector público por arriba de su salario promedio e impulsar la construcción de vivienda, implica un aumento del costo fiscal, que se añadiría a un déficit público que ha sido creciente en los últimos años, expresó.

“Son suficientemente generales como para que, de aprobarse, las leyes secundarias que les sigan puedan representar políticas muy generosas para los trabajadores implicados o no. Por tanto, podrían implicar un costo fiscal adicional significativo o no. Es la incertidumbre la que priva”, detalló el analista.

En lo relativo a la propuesta de pensiones, muestra un diseño apresurado e inconsistente, detalló el director del Departamento de Estudios Económicos de CitiBanamex.

“No se enmarcan en una política social equitativa y buscan financiarse con potenciales fondos que solo pueden ser conseguidos en una sola ocasión”, consideró.

Añadió que el problema es que las propuestas implican un costo fiscal anual, permanente y creciente. Además, buena parte de los fondos a que se alude ya están comprometidos, dado que hay un déficit fiscal creciente, independientemente de estas iniciativas.

“Un aspecto tranquilizador en términos fiscales, de marco económico de libre mercado, y de régimen democrático, es que las iniciativas sólo sean un elemento que se enmarca en la campaña electoral de este año”, expresó.

“Aunque hay dos elementos que matizan lo anterior: primero, porque la oposición, sin la cual no podrían aprobarse para cambiar la constitución, no ha sido clara en cómo tratar las propuestas. Lo segundo, es que en realidad no requieren aprobación constitucional las que tendrían un costo fiscal creciente, sino basta la actual mayoría que tiene Morena y sus aliados en ambas cámaras”, concluyó.