MILENIO. Eduardo Verástegui no sólo no logró llegar a la boleta presidencial, ahora, lo investigará el Instituto Nacional Electoral, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria por aportaciones ilícitas y triangulaciones desde el extranjero por 6.9 millones de pesos, y además, tendrá que pagar 144 mil pesos por otros gastos no reportados en su recolección de firmas.
El Consejo General del INE concluyó el proceso de fiscalización de las 60 personas que aspiraron a la elección federal por la vía independiente: Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. En global se aplicaron multas por 376 mil pesos por diferentes irregularidades en los ingresos y gastos durante la recolección de firmas, y se inhabilitaron a 23 personas para participar en cualquier cargo este 2024.
De esta multa global, la tercera parte es contra el ex aspirante presidencial Eduardo Verástegui con 144 mil pesos, por trampas en la fiscalización del dinero que manejó durante el proceso de recolección de firmas, intentando obtener el respaldo ciudadano para aparecer en la boleta presidencial como candidato independiente, lo que ni siquiera logró.
En este periodo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral detectó la omisión de reportar gastos en pulseras; no comprobó entregables de algunos contratos; no presentó contratos de propaganda en internet por 394 mil pesos y omitió presentar cuatro conciliaciones bancarias de la cuenta usada para obtener apoyo ciudadano.
Ocho eventos los dejó en estatus “por realizar” pero que no aclaró si se cancelaron o no y por lo tanto, si hubo gastos; así como ocho avisos extemporáneos por 1.6 millones de pesos y cinco avisos extemporáneos más por 1.9 millones de pesos.
Pero además, por unanimidad de votos, las y los consejeros rechazaron que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE que tiene como encargado de despacho a David Ramírez Bernal, dejara pasar que el aspirante ultraconservador, intentara maniobrar transferencias desde el extranjero, lo que es una prohibición legal expresa.
El consejero Martín Faz exhibió que había una observación por una transferencia de 390 mil dólares, equivalentes a 6.9 millones de pesos “que ingresaron al país para impulsar la obtención de firmas de apoyo de la ciudadanía” pero que Verástegui intentó ocultar presentando al INE información testada, lo que está prohibido.
“El aspirante argumentó que los recursos son propios y exhibió los extractos de una cuenta bancaria extranjera, aperturada a su nombre, desde la que se hicieron las transferencias en noviembre y diciembre del 2023, en dichos estados de cuenta aparecen las transferencias, sin embargo, el resto de información financiera fue testada, de tal forma que no era posible observar el saldo promedio y el balance final ni conceptos ni modo de los movimientos. Y para justificar esos movimientos, el aspirante argumentó razones de seguridad”.
Sin embargo, detalló que con una inspección detallada a los estados de cuenta, dejó intactos los datos en el archivo digital por lo que sí era posible distinguir la información que había testado y queda claro que se trata de transferencias de una empresa estadunidense.
“El estado de cuenta de diciembre recibió transferencia de 75 mil dólares de una consultora política con sede en Miami de nombre Partner 305 LLC, así parece que es a partir de ese fondo de cuenta extranjera al aspirante Verástegui que pudo realizar una transferencia de 50 mil dólares a la asociación civil en México que constituyó para financiar su recolección de firmas.“En octubre la misma empresa transfirió 450 mil dólares y de ese mismo día transfirió 340 mil dólares para fondear a su asociación civil en México. En ninguno de los dos casos el aspirante contaba con los recursos para fondear su recolección de firmas, la investigación demuestra que tendría que haber generado más de un año de sus ingresos, situación que genera suspicacias sobre el verdadero origen de los recursos aportados”, explicó el consejero.
Por lo que se manifestó en contra de que el área de Fiscalización del INE propusiera dejar sin efectos esta investigación, bajo el único argumento de que era una cuenta personal del actor cuando está de por medio una aportación de un ente prohibido y la intervención extranjera en el proceso electoral, legalmente prohibido.
A lo que se sumaron el resto de las consejerías, como Carla Humphrey quien agregó que ante las resistencias de la Unidad de Inteligencia Financiera para entregar información, resulta “muy grave no poder contar con toda la información y tener claridad de recursos de cuentas del extranjero, porque esto puede abrir un espacio importante de que no tengamos claridad de cuáles son los recursos”.
Mientras las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala agregaron que sí se debía investigar este caso porque “no podemos permitir que las personas sujetos obligados nos estén entregando estados de cuenta testados, si no se nos puede imponer secretos bancarios, mucho menos un personal puede decidir entregar datos testados”.
Por lo que aprobaron la multa inicial por gastos no reportados pero además, que se abra un procedimiento oficioso para rastrear las transferencias indebidas desde el extranjero y dar vista al SAT y a la UIF para que indague la transferencia de los 6.9 millones de pesos a la cuenta de Verástegui, que después trianguló para su aspiraciones presidenciales.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei, Jaime Rivera y Jorge Montaño no estuvieron de acuerdo en que se diera vista a la UIF y al SAT para rastrear a Verástegui desde estas instancias.
El Consejo General también aprobó abrir otro proceso contra el actor, para rastrear la presunta intervención de una organización religiosa, que aparentemente realizaba entrevistas al aspirante pero que promovía apoyarlo y la entrevistadora, abiertamente se expresaba en favor de su eventual candidatura.
En este caso, las consejeras Guadalupe Taddei, Rita Bell López y Jorge Montaño no estuvieron de acuerdo en que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral iniciara una indagatoria.
En otro asunto, también aprobaron imponer una multa por 30 mil pesos al aspirante independiente al Senado por Puebla, Miguel Ángel Hernández , quien recibió 30 mil pesos de una cuenta de Estados Unidos, propiedad de su esposa.
La multa propuesta es por el 10 por ciento de la aportación, equivalente a 3 mil 630 pesos, considerando su capacidad económica.
Sin embargo, el aspirante alegó que se trataba de dinero que incluso era suyo pero que al él volver a México y su pareja quedarse en Estados Unidos, los recursos se quedaron en esa cuenta, lo que para algunos consejeros, como Martín Faz, era válido pues se trataba de “solidaridad matrimonial”, y pusieron como ejemplo el caso del 2021 sobre las aportaciones que hizo Mariana Rodríguez a su esposo, entonces candidato a gobernador de Nuevo León, Samuel García, sin embargo, la mayoría consideró que no eran casos comparables.
“Coincido en sancionarlo porque hay una prohibición expresa de recibir donaciones por personas que vivan o trabajen en el extranjero, no es equiparable entre el caso del gobernador de Nuevo León y su esposa, porque estábamos hablando de la libertad de apoyo de una cónyuge y aquí se habla de aportación económica específica. Y no hay manera de comprobar que el dinero era suya”, señaló la consejera Dania Ravel.
Además de Eduardo Verástegui que abarca la tercera parte de las multas totales a aspirantes independientes, otras 17 conductas fueron sancionadas por aportaciones superiores a lo permitido, por presentaciones extemporáneas de informes y por personas que evadieron rendir cuentas.
A 23 personas se les sancionó con la pérdida de derecho de registrarse como candidatas en el cargo por el que buscaban competir o en algún otro, por no haber presentado sus informes de fiscalización.
De las nueve para la presidencia de la República, a dos se les retiró el derecho a competir en esta contienda y las siete restantes recibieron multas económicas, aunque de éstos, el único que se quedó con amonestación pública fue el ex priista y ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y Gabriela González, por supuesta incapacidad económica.
Éstas son todas las personas aspirantes independientes sancionadas.