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En las últimas tres décadas, 3.5 linchamientos o intentos al mes

MILENIO. Estudios del Instituto Belisario Domínguez del Senado y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco señalan que de1992 a 2022 ha habido 3.5 linchamientos o intentos de estos cada mes.

Los casos de linchamientos se ha incrementado en las últimas décadas y es un tema pendiente de revisar en ambas cámaras del Congreso de la Unión; sin embargo, solo se han hecho llamados a las entidades para prevenir y evitar que los ciudadanos tomen justicia por su propia mano.

De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, de 1992 a 2018 se registraron al menos 366 linchamientos en el país, sobre todo en la zona centro-sur de México, donde se presentan un promedio de 14 por año.

Asimismo, el estudio de la UAM señala, de acuerdo con datos recabados por los doctores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, investigadores de esa institución académica, que en el periodo 2016-2022 se registraron mil 423 casos linchamientos y 196 intentos.

“Desde nuestro punto de vista, estos ajusticiamientos constituyen un tipo de acción colectiva fatal en la que los participantes manifiestan un alto grado de irritación compartida en respuesta punitiva no legal a conductas de individuos (ofensores-víctimas) que atentan contra la vida (...) y que expresan la crisis de autoridad o pérdida de confianza en los aparatos de procuración y administración”, sostienen los especialistas.

En tanto, la investigación “Linchamientos en México” del Senado destaca que ha habido varios años en que las agresiones y el asesinato de presuntos delincuentes a manos de turbas o multitudes se han de disparado. Así aconteció en 1997, con 27 casos, y en 2013, con 40.

Las entidades con más agresiones de ese tipo son Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Sobre el motivo, 63 por ciento es por robo, 20 por ciento por atropellar a alguien de la comunidad, 9 por ciento por secuestro y 8 por ciento por violación.

Destaca que los linchamientos están expresamente prohibidos en la Constitución, pero aun así se repiten en el país, lo que “pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia, la vulneración de los derechos de los acusados y afectación al tejido social.

“En México se han repetido los casos debido al hartazgo de la población por la inseguridad y la delincuencia organizada”.

En junio de 2022, el diputado del PT Raymundo Atanacio Luna presentó una iniciativa para reconocer los derechos humanos de los ciudadanos, las obligaciones del Estado para resguardarlos, así como los marcos legales internacionales, federales y locales, a los que se deben apegar los tres niveles de gobierno para atender estos casos. 

Esto luego de que el 10 de junio de 2022 pobladores de la comunidad de Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango, Puebla, retuvieron a Daniel Picazo, abogado y funcionario de la Cámara de Diputados, al que golpearon y quemaron vivo.

En 2019, la senadora del PAN Josefina Vázquez Mota presentó una iniciativa para tipificar los linchamientos en el Código Penal Federal.

Apuntó que el hastío de la ciudadanía, la normalización de la violencia y la corrupción y desconfianza en las instituciones garantes de seguridad han desencadenado que los ciudadanos busquen “justicia por su propia mano” cobijados por la impunidad que la colectividad reviste.

Recordó que en territorio mexiquense, el 15 de marzo de 2019, en San Pedro Tlaltizapán, Tianguistenco, una persona acusada de ser secuestrador de menores fue golpeada y quemada en la plaza principal del poblado, en donde al menos 800 personas se dieron cita para hacer justicia por su propia mano.

Por ello, propuso: “el Senado exhorta al Gobierno del Estado de México a ejecutar acciones coordinadas con la fiscalía y Comisión de Derechos Humanos estatales para prevenir, sancionar y erradicar los linchamientos en la entidad”.

Además, solicitó a las procuradurías y fiscalías estatales a remitir la información sobre las acciones concretas que están realizando para prevenir, disuadir y contener los linchamientos.

Primer respondiente

El pasado 20 de marzo las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron, con modificaciones, una minuta de la Cámara de Diputados que reforma el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de protocolos de primer respondiente.

El documento adiciona una fracción XV a dicho artículo con el objetivo de establecer que la Federación, las entidades y los municipios deberán generar protocolos de Actuación de Primer Respondiente y acciones de capacitación continua.

La minuta detalla que el término “primer respondiente” en el sistema de justicia penal es la autoridad con funciones de seguridad pública que llega primero al lugar de los hechos delictivos o del hallazgo de pruebas.

El senador Reyes Flores Hurtado, de Morena, mencionó que las modificaciones hechas tienen el propósito de garantizar la actualización permanente del Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y la capacitación continua sobre su aplicación.

Lo anterior, atendiendo a que el papel del primer respondiente es fundamental para garantizar que se lleve a cabo una investigación penal efectiva y justa, así como para proteger los derechos de las víctimas y garantizar la preservación de la evidencia.