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Denuncian hoteleros irregularidades por parte del IMPI

EL DIARIO. Representantes de la Federación de Cámaras Empresariales de Hoteles, Restaurantes y Afines de Ciudad Juárez, Chihuahua, solicitan la intervención inmediata de Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para atender una serie de irregularidades y procedimientos cuestionables llevados a cabo por personal adscrito a este instituto.

En un escrito dirigido a Nieto Castillo aseguran tener identificado un patrón de actuaciones que afectan gravemente a sus agremiados; entre los hechos más recientes destaca la inspección realizada el pasado 23 de mayo de 2025 a uno de sus afiliados del sector hotelero, acción que fue autorizada mediante una orden firmada por un coordinador de inteligencia, en lugar de un director de Área, “lo que genera serias dudas sobre el cumplimiento de los protocolos institucionales y la legalidad de dichos procedimientos”.

“Hemos constatado que representantes de la SACM han ejercido presión sobre nuestros afiliados, exigiendo el pago de cuotas bajo la amenaza de iniciar procesos administrativos ‘fast track’ ante el IMPI o incluso acciones penales ante la Fiscalía General de la República. Estas prácticas representan un claro exceso en las competencias legales del IMPI y constituyen un precedente que pone en riesgo el principio de legalidad. De acuerdo con la legislación vigente, en particular la Ley Federal de Derechos de Autor, estas acciones corresponden exclusivamente al Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR). Esta situación no sólo vulnera los derechos de los empresarios, sino que compromete la confianza en las instituciones públicas encargadas de regular la propiedad industrial”, señala también el escrito.

Ambiente de incertidumbre y hostigamiento

Manifiestan que estas prácticas generan un ambiente de incertidumbre y hostigamiento hacia el sector productivo de Ciudad Juárez.

Por lo anterior, solicitan cuatro puntos; el primero, la suspensión inmediata de los procedimientos iniciados contra los agremiados hasta que se esclarezca su legalidad.

Segundo, la apertura de una investigación interna para determinar las irregularidades en la designación y actuación del personal involucrado.