EL ECONOMISTA. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión con el objetivo de establecer una ley general contra la extorsión, delito que, reconoció, continúa en aumento a pesar de la baja en otras formas de criminalidad.
La propuesta busca que la extorsión se persiga de oficio en todo el país, lo que implicará una modificación al artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso las facultades necesarias para legislar sobre este tema de manera homogénea a nivel nacional.
“La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir. Hoy lo enfrentamos con una estrategia nacional que ya comenzó a implementarse, pero que necesita respaldo legal para ser realmente efectiva”, afirmó la mandataria mexicana. Como parte de esta estrategia, se estableció el número 089 como línea anónima de denuncia para víctimas, sin necesidad de que éstas se identifiquen, con el fin de protegerlas y facilitar la denuncia.
Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, subrayó que el la reforma constitucional incluirá el término "extorsión" entre los delitos para los cuales el Congreso puede establecer leyes generales, junto con el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas, la tortura y otros tratos crueles o inhumanos. Además que la iniciativa que se enviará al Congreso buscará establecer un tipo penal único, agravantes, sanciones, delitos vinculados, y mecanismos de prevención, atención y reparación del daño.
La presidenta, precisó que el Estado asumirá plenamente la responsabilidad de investigar y perseguir el delito, sin que recaiga exclusivamente en las víctimas la carga de denunciar.
“Hoy quien denuncia quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida, entonces le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano se persigue de oficio, la víctima somos todas y todos, la víctima es el Estado”, comentó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.
También, enfatizó que la aprobación de esta reforma constitucional permitirá avanzar hacia una ley general que obligue a todas las entidades federativas a armonizar su legislación.
El pasado domingo, 6 de julio, el gobierno federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una política integral encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y articulada por el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de combatir, el que consideraron, uno de los delitos de mayor impacto económico y emocional en el país.
Algunas de las acciones clave destacan: