HORA CERO. Para prevenir conflictos de interés, fortalecer la transparencia y cerrarle el paso a la corrupción, todos los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas quedaron sujetos a un nuevo Código de Conducta obligatorio, cuyo cumplimiento será vigilado por el Comité de Ética de la dependencia.
El nuevo ordenamiento fue publicado el pasado miércoles en el Periódico Oficial del Estado, y establece principios, directrices y compromisos éticos que deberán observar desde los altos mandos hasta el personal operativo de la Secretaría.
Uno de los ejes más relevantes del documento es la prevención de conflictos de interés. Se ordena a los funcionarios identificar y evitar cualquier situación en la que sus decisiones pudieran verse influidas por intereses personales, familiares o de carácter económico.
Como parte de las nuevas obligaciones, todo el personal deberá firmar una Carta Compromiso, en la que manifiesta haber leído el Código y se compromete a cumplirlo de forma cabal. El incumplimiento podrá ser sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
El nuevo marco ético también pone énfasis en valores esenciales del servicio público, como la legalidad, imparcialidad, honradez, eficiencia y profesionalismo. Estos deberán reflejarse no sólo en la conducta laboral, sino también en el trato a la ciudadanía.
La aplicación del Código estará a cargo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, órgano que podrá recibir denuncias, realizar seguimiento a los casos y emitir recomendaciones o medidas disciplinarias cuando sea necesario.
Este instrumento forma parte del reforzamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, al establecer controles específicos dentro de una de las dependencias más sensibles del aparato gubernamental, responsable de la administración de recursos públicos.
El Código también incluye lineamientos sobre la relación con proveedores, contratistas y ciudadanos, el manejo de información reservada, el uso de bienes públicos y la obligación de conducirse con transparencia en todas las interacciones institucionales.
Se prevé, además, que los servidores públicos deberán reportar oportunamente cualquier posible conflicto de interés, abstenerse de intervenir en decisiones vinculadas y buscar orientación ética ante cualquier duda.
Con esta medida, el Gobierno de Tamaulipas busca blindar la actuación administrativa de la Secretaría de Finanzas, establecer reglas claras de integridad y fortalecer la confianza ciudadana en el manejo del dinero público.