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Miles de mujeres en México enfrentan a deudores alimentarios con leyes y activismo

MILENIO. En México, tres de cada cuatro niños de padres divorciados no reciben pensión alimenticia de acuerdo con cifras del Inegi, y frente a esto, algunas activistas que también son madres han comenzado a implementar distintas estrategias para garantizar que se les dé ese recurso a los menores, siendo que las resoluciones judiciales no han sido suficientes para garantizar este derecho.

Al inicio, las madres (ya que son quiénes principalmente se ven afectadas por este problema) salían a las calles con pancartas y volantes exponiendo a los deudores alimentarios, se colocaban tendederos de denuncias al exterior de plazas públicas e incluso la activista Diana Luz Vázquez implementó en varias partes del país la patrulla contra deudores alimentarios, con la cual, se paraban afuera de los domicilios o trabajos de quiénes no pagaban su pensión para exigirles que lo hagan; y aunque en algunos casos estas medidas tuvieron éxito, en México ya se ha comenzado con la implementación de políticas y recursos para garantizar el cumplimiento de la pensión alimentaria.

Las primeras de ellas fueron en 2023, cuando el Senado envió al Ejecutivo Federal el decreto para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para hacer públicos los nombres de las personas deudoras o morosas de pensión alimentaria, cabe mencionar que, la mayoría de ellas nacen de la llamada Ley Sabina, promovida por Diana Luz y que tiene como objetivo establecer sanciones a deudores alimentarios.

Además, las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimentarias establecen que ninguna persona inscrita en el registro podrá salir del país cuando sea deudor alimentario moroso o exista prueba de que su salida tenga como finalidad la evasión de pago.

Asimismo, también se estableció como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro para la obtención de licencia y permisos para conducir; obtención de pasaporte o documento de identidad de viaje o para participar como candidato a cargos de concejales y de elección popular.

Esto acoplado a que es necesario no se deudor para poder aspirar a cargos de jueces y magistrados en el ámbito local y federal; y aunado a que, en las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro y mencionará la situación que guardan respecto de las obligaciones que tienen.

La intención de no permitir que accedan a cargos públicos se dio ya que decenas de madres denunciaron que desde puestos de poder los deudores alimentarios las amenazaban, ejercían violencia e incluso coaccionaban con las autoridades para no realizar el pago de las pensiones.

Al respecto, en entrevista para MILENIO, Diana Luz Vázquez señaló que, estas estrategias se comenzaron a implementar con el objetivo de lograr una reivindicación de las maternidades, ya que, durante décadas ellas se han hecho cargo no solo de las labores de cuidados, sino del sustento económico de sus hijos sin que el padre de los menores tome responsabilidad en esto.

“En México muchísimas mujeres estamos cansadas de maternar en solitario, de que estos costos y estos impactos generen estados negativos en nuestra salud mental al saber que estamos precarizadas, por eso es necesario esto, para que el Estado este a la vanguardia de lo que se necesita para generar una corresponsabilidad en los hombres en los trabajos de cuidados y económicamente”, señaló.

​Además de estos recursos, el 9 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó el embargo excepcional de fondos de las Afores a fin de garantizar el pago de pensiones alimenticias a menores de edad, esto en el caso de que el titular esté desempleado y sin otros recursos disponibles. Por lo cual, remarcaron que el fallo emitido por la primera sala marca un precedente en la justicia familiar, ya que, prioriza el derecho de los menores a recibir alimentos por encima de las personas que quedan en una problemática de desempleo.

Y también como parte de las estrategias para lograr el cobro de la pensión, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó en abril de este año una iniciativa de reforma para impedir el acceso de personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) a espectáculos públicos y privados en la Ciudad de México, como partidos de fútbol, conciertos y eventos recreativos.

Para Diana Luz, estas iniciativas han sido un parteaguas, ya que, colocaron en la agenda pública la importancia de que no existan deudores alimentarios, señaló que, es necesario seguir atacando el problema de raíz y que sea dentro de los juzgados donde se trabaje para no amparar a quiénes buscan incumplir con sus obligaciones y dar un verdadero seguimiento con perspectiva de género y sin revictimización a estos casos.

“No hay una regulación ni un piso parejo de donde partamos de pensiones alimenticias justas, ya que, así como hablamos del salario mínimo, también debe haber una pensión mínima que debería existir, pues se sigue privilegiando a los deudores y sus condiciones económicas y no a las necesidades de la infancia y mientras la justicia patriarcal se siga traduciendo en sentencias que no están beneficiando los menores, estamos lejos de esta igualdad”.