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Nueva Corte enfrenta el reto de sostener y ampliar avances en derechos reproductivos: activistas

ANIMAL POLÍTICO. Después de un periodo en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió diversas sentencias en favor de garantizar el acceso al aborto de mujeres y personas gestantes, activistas en el tema piden que la nueva Corte sea firme en el tema de derechos sexuales y reproductivos.

Aunque la Corte anterior también quedó a deber, impulsó avances destacables desde la década de los 2000, considera Angie Contreras, del movimiento Vivas y Libres. De hecho, todo ese periodo, dice, sentó las bases para garantizar uno de los derechos reproductivos que más se ha peleado en el país, es decir, el acceso al aborto.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la SCJN ha emitido sentencias relevantes desde 2007 para que el acceso al aborto sea reconocido como un asunto de derechos humanos. En específico en las últimas dos décadas, sus avances en relación con el tema han sido constantes.

Entre las más recientes, en 2021 la Suprema Corte declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en Coahuila, y solo dos días después invalidó una sección de la Constitución de Sinaloa que protegía la vida desde el momento de la concepción. En ambas incluyó también el término de personas gestantes.

Más tarde ordenó, con la resolución de amparos, la despenalización en varios estados. E incluso se pronunció en torno a la objeción de conciencia, determinando que los servicios públicos deben garantizar que exista entre su personal al menos un médico no objetor.

Contreras recuerda que, al mismo tiempo, la cartera en materia de derechos se amplió mucho, lo que derivó igualmente en sentencias importantes en relación con la desaparición de personas, feminicidio, matrimonio igualitario y reconocimiento a las personas trans.

En específico, en lo que corresponde al aborto, las determinaciones de la Corte fueron fundamentales para que varios estados lograran la despenalización. Destaca también el avance en el tema de la objeción de conciencia en 2021, al igual que en el de la vida desde la concepción y el reconocimiento de que el aborto no debería ser parte de los códigos penales.

Si se analizara en una línea del tiempo, precisa la activista, la mayoría de los estados estuvieron mucho más cerca de la despenalización a partir de las sentencias de la Suprema Corte de 2021.

Fue una Corte que se vistió justamente de verde, y que estuvo del lado de los derechos de las mujeres y las personas gestantes. Por eso la deuda que tiene: la Corte que llega va a tener que calzar unos zapatos muy grandes”, apunta.

Puntualiza que vale la pena ser optimistas, sobre todo por tratarse de una Corte que se presenta como electa por las personas, lo que tendría que abonar a la democracia, pero al mismo tiempo al constante escrutinio de qué está haciendo y decidiendo.

“Si algo también aprendimos de la resolución de Roe vs. Wade (en Estados Unidos), que fue en 2022, es que nuestros derechos están en constante, lamentablemente, negociación, pareciera, por otros grupos, y toca defenderlos y exigir que se garanticen y que nunca haya retroceso”, apunta.

Si bien hay esperanza de que la Corte asuma el tema de derechos reproductivos, añade, y de que sea más observada y evaluada —ya que se espera mucho de ella—, persiste una conciencia de que si no se da continuidad al rol central del Poder Judicial, y en específico de la Suprema Corte, y se insiste en ello desde la Marea Verde, no habrá un avance en materia de derechos de las mujeres y personas gestantes.

“Creo que desde los movimientos feministas hemos aprendido que la insistencia tiene que estar presente porque sabemos de la importancia de nuestros derechos, y vamos a estar en esa insistencia, pero además también a utilizar recursos que las personas que asumen este cargo en la Corte han comentado, por ejemplo, el escrutinio. Han hablado de tener reuniones, escuchar a la ciudadanía y a la sociedad civil… Vamos a tener que hacer uso de esos otros mecanismos para que nuestras voces sigan siendo escuchadas y que las decisiones que se tomen en la Corte siempre sean en favor de los derechos sexuales”, añade.

Aguascalientes, en el aniversario de un retroceso

El 28 de agosto de 2024, el Congreso de Aguascalientes, pese a las sentencias previas de la Suprema Corte, aprobó una reducción de la despenalización del aborto de las 12 a las 6 semanas de gestación, mediante una reforma que también eliminó la categoría de “personas gestantes” y suprimió las causales imprudencial, riesgo a la salud y peligro de vida.

“En este tiempo, Aguascalientes justamente ha preferido investigar abortos y no feminicidios, y no solamente es eso: hace unas semanas el secretario de salud dijo que tenían todo un equipo entre personas médicas, psicólogas, etcétera, que lo que hacían era convencer a las mujeres y personas gestantes que acudían a las áreas de salud de que no abortaran”, explica.

A esto se suman la carencia de talleres de educación sexual y los reportes de niñas que son madres víctimas de violencia sexual. Ahí radica la importancia de las determinaciones de la Corte, y lo que viene con la nueva debe ser la afirmación del tema de derechos sexuales y reproductivos, no solo retomando el caso de Aguascalientes, sino otros amparos y estados que siguen pendientes.

“Y que la línea de lo que va a seguir haciendo sea desde la progresividad”, pide. Contreras advierte que un aspecto que los congresos usan como pretexto es crear procesos innecesarios a partir de una realidad que no entienden, para no verse obligados a acatar las indicaciones de la Corte.

Acciones de inconstitucionalidad, desde la CNDH y Presidencia

En octubre de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, mediante distintos recursos, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad por las modificaciones al código penal local que reducían a seis las semanas no penalizadas para abortar, las cuales siguen pendientes de resolver.

“Realmente esta acción de inconstitucionalidad que está sobre Aguascalientes es vital para todos los estados porque va a sentar un precedente para que ningún otro estado considere un límite menor justamente de 12, y que además esto podrá sentar las bases para sacar de una vez por todas el aborto por completo del Código Penal, y que sea un tema de salud pública”, señala Contreras.

Por eso es tan relevante el recurso que sigue a la espera de resolución en el caso de Aguascalientes, subraya. También están pendientes otras entidades con amparos en la misma materia, mediante los que se pretende ordenar a los congresos estatales que tienen que hacer las reformas correspondientes para el tema del aborto en los códigos penales.

Más pendientes para los otros poderes de la Unión

Contreras detalla que si bien a las activistas les alegra que la mayor parte del país ya esté “pintada de verde”, lo cual es un triunfo esencialmente de la Marea Verde, advierten que no se conformarán con la despenalización del aborto hasta la doceava semana de gestación.

“Necesitamos, y la tendencia es que lo vamos a retirar, sacar de una vez por todas el aborto de los códigos penales para que sea un tema de salud pública. Eso implica seguir exigiendo que se garanticen presupuestos, protocolos, para que se pueda dar sin prejuicios, sin juzgar, etcétera…”, señala la activista.

En México 10 de 32 entidades siguen penalizando oficialmente el aborto, mientras que en las demás persisten dificultades de acceso, y en Aguascalientes se registró el retroceso en el número de semanas. A los estados que ya despenalizaron hasta las 12 semanas, ahora les toca —apunta— garantizar el servicio y comprometerse a asignar presupuestos, y echar a andar capacitación y sensibilización, porque algo que se ha visto a nivel nacional es que, con frecuencia, solo se queda en el papel.

“¿Cómo le hacemos para que ese papel se vuelva una política que permita que si alguien va, desde el simple preguntar e informarse, la persona no sea revictimizada?”, cuestiona.

Además, dice, hay deudas a nivel federal que es importante contemplar ahora que inicia el periodo ordinario en el Congreso de la Unión. Se refiere a la iniciativa congelada para modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, lo que implicaría una despenalización federal que, además, ya ha sido ordenada por la Corte.

“Creo que esa es una deuda que tienen los mismos gobiernos que se hablan desde la izquierda, y gobiernos que se hablan como panistas. ¿Cómo le hacemos para que, de una vez, desde el nivel federal se despenalice por completo? Porque no podemos quedarnos solamente con la despenalización, por ejemplo, por motivos de violación.

“Me acuerdo mucho de una frase, de Margarita Ríos Farjat, creo que fue ella quien decía: ¿qué es lo que quieren, que las mujeres accedan al derecho después de haber sido víctimas de una violación o que accedan al derecho a partir justamente de sus decisiones? Y eso es importante recordarlo a nivel federal. Así como quieren sacar iniciativas que son parte de su agenda, que también volteen a ver dónde quedan los derechos sexuales y reproductivos de todas y todes. ¿Nos quieren desde los derechos o nos prefieren víctimas?”, pregunta.

Además, ahora que está cerca la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el acceso al aborto es una agenda que debe estar presente para que una política pública realmente lo sea y no solo se quede en “politiquería”.

Tener acceso a los derechos significa que sean garantizados en todos los espacios, por lo que las activistas aspiran a que el aborto sea un tema de derechos dentro del universo del derecho a la salud, lo que incluye brindar información, educación, prevención, y dejar atrás culpas y estigmatización.