ELEFANTE BLANCO. El magistrado presidente del Poder Judicial de Tamaulipas, Hernán de la Garza Tamez, ordenó una investigación contra la jueza Roxana Ibarra Canul por presunta actuación irregular en un juicio familiar.
La jueza Ibarra Canul, titular del Juzgado tercero familiar, emitió una orden el pasado 26 de agosto para otorgarle la patria potestad a Alejandro Ávila Limas y retirársela a Gabriela Salazar Bujanos. La madre de la niña y su abogado Néstor Luna señalaron que nunca fueron notificados del juicio y la decisión.
«Tenemos conocimiento de un caso que ha trascendido en redes sociales y medios de comunicación. He instruido una visita especial al juzgado para conocer las circunstancias particulares y determinar si existió alguna falta administrativa», dijo el magistrado presidente en entrevista.
El primero de julio, Elefante Blanco dio a conocer el testimonio de Gabriela Salazar, quien denunció a Alejandro Ávila por una década de violencia y maltrato. La mujer interpuso dos denuncias ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas. El hombre, dentista de profesión, negó las acusaciones de su expareja.La Visitaduría Judicial realizará una visita con el fin de proteger los derechos de la menor involucrada y garantizar la legalidad del proceso. Las pruebas principales es que no se respetaron los protocolos con perspectiva de género y el interés superior de la infancia.«Se busca conocer las circunstancias particulares del caso y determinar si hubo alguna irregularidad o falta administrativa y de este modo proceder conforme a derecho. Es decir, ver la actuación de los servidores públicos judiciales que participan en esta actividad y también conocer todo el contexto y desde luego lo que más preocupa son los derechos de la niña y obviamente de las partes involucradas», recalcó de la Garza.
Roxana Ibarra Canul ganó en la elección judicial con 47 mil 854 votos; fue la tercera mujer más apoyada en los comicios del ramo familiar en Tamaulipas.
La jueza originaria de Tampico Tamaulipas, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con maestría en Impartición de Justicia por parte del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Ha fungido como secretaria de acuerdos en diversos juzgados, titular del Juzgado cuarto civil en Altamira, de acuerdo con información difundida por la Barra de Abogados del Golfo de Tamaulipas.
En el Congreso de Tamaulipas, la diputada Lucero Deosdady Martínez López solicitó indagar a la jueza Ibarra Canul, de quien, dijo, tiene seis quejas ciudadanas por irregularidades en procesos de custodia de menores.
La legisladora mencionó que las actuaciones ilegales son diligencias sin notificación previa, ausencia de personal del DIF durante las audiencias y uso excesivo de fuerza pública en operativos de entrega de menores.
“Hoy la ciudadanía exige jueces que actúen con ética y justicia, no que agraven la vulnerabilidad de niñas y niños”, enfatizó Martínez López.