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AMLO entregó aduanas y puertos a la Marina, pero la corrupción alcanzó a elementos de la corporación

ANIMAL POLÍTICO. El fin de la corrupción en las aduanas y puertos de México no llegó con la presencia militar. La estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que cedió a la Secretaría de Marina el control y la administración de estos espacios estratégicos, buscaba blindarlos frente a las redes del crimen organizado. Sin embargo, el descubrimiento de una red de huachicol fiscal, en la que participó el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, evidenció que la corrupción infiltró a los mandos encargados de combatirla.

El descubrimiento de la red de tráfico ilegal de combustible, que ha dejado 14 personas detenidas, entre ellas seis miembros activos y un exintegrante de la Marina, impactó en la corporación de seguridad con mayor confianza entre la población mexicana. El caso mina la narrativa oficial sobre la militarización.

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En 2020, el entonces presidente López Obrador anunció, durante una visita a Colima, que el control de puertos y aduanas pasaría a las Fuerzas Armadas. El argumento fue frenar la colusión de funcionarios con grupos criminales en esos puntos, a los que calificó como “enclaves de corrupción”.

“Por la mala administración de puertos, la corrupción, el contrabando, la introducción de droga por estos puertos hemos tomado esta decisión”, informó López Obrador desde Colima el 17 de julio de ese año.

Seis meses después, en otra visita a ese puerto, subrayó que una de las razones de su decisión eran las presiones de la delincuencia organizada a funcionarios públicos que los colocaban bajo el dilema de “plata o plomo”, principalmente para la entrada de sustancias ilícitas.

“También se está llevando a cabo esta transformación, este cambio, para que se combata la corrupción que imperaba en los puertos (…) Ahora lo que se está aplicando es una política de cero corrupción, cero impunidad, de cero influyentismo. Recuperar los puertos, que estaban en manos de intereses particulares”, dijo.

Cuatro años después, uno de los más grandes operativos contra el ingreso ilegal de combustible a México reveló que la vinculación de funcionarios con actividades criminales sigue presente, ahora con la participación directa de mandos de la Secretaría de la Marina.

El operativo para detener a 14 presuntos huachicoleros

El gobierno federal a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este fin de semana la detención de 14 personas, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán en el sexenio de AMLO, por su presunta participación en una red dedicada al tráfico y comercialización ilegal de combustibles.

Además del mando militar detenido, las autoridades buscan a su hermano Daniel Farías Laguna, contraalmirante de la corporación.

Tras operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, cinco elementos más de la Marina están detenidos por este caso y el número podría aumentar, ya que las investigaciones continúan abiertas, según informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El 8 de noviembre de 2024 fue asesinado el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, en Manzanillo, Colima. De acuerdo con el diario Reforma  su muerte está relacionada con las denuncias que había realizado en torno a operaciones de corrupción en puertos y aduanas.

Este lunes, el capitán de la Marina Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue localizado sin vida. El mando estaba al frente de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y presuntamente también formó parte de la red de tráfico de combustible.

Las autoridades informaron que detrás de las detenciones hay medio año de investigaciones en las que identificaron el uso de documentación falsa y la colusión de empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos para ingresar combustible de manera ilegal al país.

¿Cómo quedó la imagen de la Marina?

Hasta ahora, la Marina es la institución de seguridad con más confianza entre la ciudadanía mexicana. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) señalan que 86.7 por ciento de las personas adultas considera que el trabajo de esa corporación es “muy efectivo” o “algo efectivo”.

García Harfuch ha sido insistente en destacar la labor de la Semar, más allá del presente caso de corrupción. Este domingo inició su mensaje ante medios de comunicación con la exaltación del desempeño de la corporación y del almirante Rafael Ojeda, quien estuvo al frente de la Marina en el sexenio anterior.

“El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, insistió.

El funcionario explicó que además de la SSPC, en el operativo participaron la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Marina. Enfatizó el reconocimiento a la dependencia y a su actual titular, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Asimismo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, relató que desde dos años atrás, el entonces secretario de Marina Rafael Ojeda denunció ante la propia FGR que tenía problemas “en varias áreas” de la institución que encabezaba, por lo que la Fiscalía pidió colaboración con pruebas y denuncias correspondientes.

“Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos”.

Decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico

El 31 de marzo pasado, autoridades decomisaron 10 millones de litros de diésel, armas de distintos calibres y vehículos en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con la Secretaría de Marina Armada de México, un buque arribó al puerto el 19 de marzo con una carga declarada como aditivos para aceites lubricantes. Durante la inspección, el contenido resultó ser diésel.

En la embarcación fueron localizadas dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y diversa documentación. Este decomiso derivó en las detenciones de los implicados en la red de huachicol fiscal.