Tamaulipas / Cd. Victoria

ASE exigen reintegrar recursos observados de 18 expedientes

ELEFANTE BLANCO. La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas remitió 18 procedimientos de responsabilidad administrativa al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por incumplir pliegos de responsabilidades y por no reintegrar montos observados durante la fiscalización de recursos públicos.

Los expedientes abarcan municipios y organismos operadores, con envíos a las distintas Salas del Tribunal para su sustanciación. 

Entre los expedientes destaca el de la Comapa de Camargo (ASE/DGAJ/DS/PRA/010/2025) por 4 millones 656 mil 100 pesos; también figuran procedimientos contra los ayuntamientos de Méndez (284 mil 200 pesos), Camargo (dos casos por 198 mil 117 y 266 mil 842 pesos), Jiménez (245 mil 166 pesos) y Güémez (1 millón 737 mil 793 pesos y 79 mil 161 pesos), además de Casas (1 millón 227 mil 473 pesos). En el sector educativo se incluyó a la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (31 mil 105 pesos).

La ASE turnó igualmente un expediente contra FOMICRO (312 mil 476 pesos) y otro vinculado al Colegio San Juan Siglo XXI (362 mil 544 pesos). Todos fueron enviados a las Salas del TJA para resolución. 

El órgano fiscalizador precisó que estos turnos forman parte del seguimiento a observaciones no solventadas y buscan asegurar resarcimiento al erario y, cuando se acredite, sanciones por faltas graves.

La ruta jurisdiccional se desahogará ante el TJA, instancia competente para resolver responsabilidades administrativas en el ámbito estatal. 

En paralelo, el Auditor Superior, Francisco Noriega Orozco, informó ante el Congreso local que, en investigaciones relacionadas con la Secretaría de Salud de ejercicios 2017–2018, “de un total de más de 200 millones de pesos denunciados, 196 millones corresponden a recursos federales y 4 millones 50 mil a recursos estatales”, y subrayó que la revisión se realiza “con apego a presunción de inocencia, debido proceso y legalidad”. 

Los expedientes en el TJA avanzan conforme a las listas de acuerdos de sus Salas; si se confirman irregularidades, pueden derivar en sanciones y en el reintegro de recursos conforme al marco estatal de responsabilidades administrativas.