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2025, el año letal para los buscadores de desaparecidos en México

EL IMPARCIAL. El año 2025 se convirtió en el más peligroso para las personas que buscan a familiares desaparecidos en México.

A lo largo del país, madres, padres e integrantes de colectivos fueron asesinados, desaparecidos o atacados mientras buscaban a sus seres queridos.

Los hechos, documentados por organizaciones civiles y organismos internacionales, confirman una escalada de violencia directa contra quienes exigen verdad y justicia.

Una cadena de crímenes contra buscadores en todo el país

La violencia se extendió de norte a sur durante todo el año. El 26 de enero de 2025, Héctor Aparicio fue desaparecido en Tihuatlán, Veracruz, el mismo sitio donde buscaba a su hijo desde 2017.

El 12 de marzo, Magdaleno Pérez murió en Poza Rica tras seis años buscando a su hija. Las heridas que le causaron policías durante su detención y tortura terminaron por quitarle la vida.

En Jalisco, el 2 de abril, Teresa González murió tras un intento de secuestro en Guadalajara mientras buscaba a su hermano. El 24 de abril, en Tlajomulco, María del Carmen Morales y su hijo Daniel fueron asesinados. Ella buscaba a su hijo Ernesto desde febrero.

El 9 de junio, en Irapuato, Guanajuato, hombres armados se llevaron a Francisco Arias, conocido como Panchito, y asesinaron a su hijastro.

El 16 de julio, Gabriel Hernández fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas. El 11 de agosto, Roberto Hernández fue ejecutado en Ixtapaluca, Estado de México, tras denunciar la desaparición de su hijo.

El 26 de agosto, Aída Karina Juárez, que llevaba dos meses buscando a su hija, fue secuestrada en Zacatecas. Su cuerpo apareció dos días después.

El 14 de octubre, María de los Ángeles Valenzuela fue desaparecida en Mazatlán, mientras buscaba a su padre. El 23 de noviembre, Yaritza Pérez fue asesinada en Ocosingo, Chiapas, en la misma búsqueda.

El año cerró con otro golpe: el 28 de diciembre, José Juan Arias, quien buscaba a su hijo desde hacía seis meses, fue desaparecido en Valle de Santiago, Guanajuato.

Más de 133 mil desaparecidos y una crisis sin freno

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación, contabiliza más de 133 mil personas no localizadas.

Aunque el padrón presenta fallas —registros duplicados, datos incompletos o personas ya localizadas—, especialistas coinciden en que la magnitud de la crisis es incuestionable.

Solo en 2025, el Gobierno federal acumuló 14 mil nuevos registros, un 20% más que en 2024 y el doble de los reportados en 2019, primer año del sexenio anterior.

“El Estado no busca y tampoco protege”

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha definido este fenómeno como el “paradigma del crimen perfecto”: si no hay búsqueda, no hay responsables.

El 95% de los casos permanece impune.

En ese vacío institucional, son las familias quienes salen al campo, revisan fosas, colocan fichas y presionan a las autoridades.

El Estado mexicano no está previniendo las desapariciones ni garantizando la seguridad de quienes buscan”, resume María de Vecchi Gerli, investigadora de Artículo 19.

Desde 2010, esta organización ha documentado 42 asesinatos o desapariciones de buscadores. 2025 es el año más letal de todos.

El caso de Roberto Hernández: buscar y morir por hacerlo

Roberto Hernández buscaba a su hijo Johan Alain, desaparecido en septiembre de 2024 en Ixtapaluca.

Ante la falta de respuesta, su familia bloqueó calles, difundió fichas y presionó públicamente. La Fiscalía detuvo a cuatro personas; una tenía el celular del joven. Después de esos avances, comenzaron las amenazas.

El 11 de agosto, hombres armados entraron al fraccionamiento y asesinaron a Roberto frente a su casa.

Buscar con protección… y aun así desaparecer

Algunos buscadores contaban con medidas de protección, como José Juan Arias, de Guanajuato.

Su hijo de 14 años fue detenido en junio de 2025 durante un operativo del Ejército y la Guardia Nacional. Llegó a la Fiscalía. Luego, desapareció.

Tenemos la esperanza de que nos lo regresen”, decía José Juan en octubre.

Dos meses después, él también fue desaparecido.

La ONU emitió acciones urgentes para exigir su localización, junto con la de otros buscadores desaparecidos en Guanajuato.

¿Por qué aumentó la violencia contra los buscadores?

Defensores señalan dos factores principales:

1. Mayor visibilidad y efectividad de los colectivos.Tan solo el colectivo Hasta Encontrarte, en Guanajuato, localizó 250 personas sin vida en un año.
2. Control territorial del crimen organizado, que ve la búsqueda como una amenaza directa.

“Están encontrando lo que otros quieren ocultar”, explica Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Justicia y la Paz.

“Ellas buscan mejor que el Estado”

Para Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, las familias realizan un acto de resistencia pacífica.

“La única esperanza para encontrar a los 133 mil desaparecidos está en las colectivas, no en el Estado”, afirma.

Por ello, insiste en que deben ser reconocidas como defensoras de derechos humanos y contar con protección real.

El desgaste que no se ve

Además de asesinatos y amenazas, los buscadores enfrentan daños físicos y emocionales.

Problemas de salud por contacto con restos humanos, depresión, ansiedad, ataques de pánico y desgaste extremo forman parte del costo invisible.

Los años van pasando y nosotros nos vamos desgastando de tanto andar buscando”, dice Maricel Torres, del colectivo María Herrera, quien aún busca a su hijo desaparecido desde 2011.

“Tenemos miedo, pero no podemos dejar de buscar”

Quince años después del asesinato de Maricela Escobedo, lo que antes era impensable se volvió frecuente.

Las personas buscadoras nos dicen: tarde o temprano nos van a asesinar si seguimos buscando”, advierte María de Vecchi. Aun así, continúan.

“Claro que tenemos temor, pero tenemos que seguir buscando”, resume Maricel Torres. “A los nuestros y a los hijos de nuestros compañeros. Ese es el compromiso”.

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