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Sindicato USW pide a Canadá denuncia penal contra Orla Mining por usar al crimen organizado

LA JORNADA. El sindicato metalúrgico United Steelworkers (USW) solicitó a la Fiscalía General de Canadá formular cargos penales contra la compañía de ese país Orla Mining, operadora de la minera Camino Rojo en Zacatecas, acusada de utilizar al crimen organizado para amedrentar a sus trabajadores e intervenir en la vida sindical.

Esta petición surge tras la investigación del panel del mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que por primera vez acreditó la relación de grupos criminales con una empresa, en este caso la canadiense Orla Mining, quien actuó con “aquiescencia” frente a las amenazas y coacción contra los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, para obligarlos a desertar de la organización que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

La resolución final de los tres panelistas expertos, dada a conocer en marzo pasado, reveló que un subcontratista de la empresa AND Aroda del Bajío fue el responsable de la violencia contra los mineros, tanto en asambleas sindicales como en sus domicilios, para apoyaran a un sindicato de “protección” patronal.

Marty Warren, director del USW en Canadá, subrayó que, ante la revisión del T-MEC iniciada ayer en México, es necesario garantizar justicia laboral y proteger el derecho de los trabajadores a sindicalizarse libremente, sin coacciones ni amenazas.

"Los ataques denunciados contra los miembros de Los Mineros en la mina Camino Rojo son verdaderamente indignantes. Resulta inconcebible que una corporación canadiense esté involucrada en prácticas violentas antisindicales en México, presuntamente con el respaldo del crimen organizado", recalcó.

El sindicato USW –que representa a 1.2 millones de acereros de Estados Unidos y Canadá– reconoció que la empresa Orla Mining, propietaria de la mina de oro y plata localizada en el muncipio de Mazapil, Zacatecas, estableció un compromiso de neutralidad sindical y un programa de capacitación para su personal sobre libertad de asociación.

Sin embargo, está pendiente la reparación a las “víctimas del crimen organizado y de la complicidad de la empresa”, especialmente los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Minero que se vieron obligados a “esconderse y que continúan recibiendo amenazas”, apuntó.

Sobre la solicitud del gobierno de Canadá presentada a finales de abril a México, para que Camino Rojo sea sujeta a una segunda investigación en el marco del T-MEC, el sindicato metalúrgico señaló que no ha habido respuesta de las autoridades mexicanas, pese a que ya venció el plazo de diez días establecido en el MLRR.

Ante ello, instó nuevamente al gobierno canadiense para que la queja avance a la siguiente etapa, correspondiente a la instalación de un panel de expertos, ahora bajo la conducción del país de la hoja de maple.

“Exigimos que el gobierno canadiense asuma con seriedad su responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos y laborales en el marco del CUSMA (tratado comercial), especialmente cuando se ven involucradas corporaciones canadienses. Guardar silencio pone en riesgo la legitimidad de Canadá como defensor de los derechos humanos y laborales, tanto a nivel nacional como internacional”, insistió Warren.