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El FBI contradice a Ken Salazar: revela operación secreta en detención de El Mayo Zambada

CRÓNICA. Desde hace una semana, Estados Unidos cuenta con una nueva atracción turística a media hora de la frontera de Ciudad Juárez: la aeronave Beechcraft King Air en la que fueron trasladados Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, y que fue donada por el FBI al Museo del Aire War Eagles en la base aérea de Santa Teresa (Nuevo México).

En el comunicado del Buró Federal de Investigaciones, obtenido por el periodista Luis Chaparro y publicado el 2 de julio en el portal Pie de Nota, el Buró Federal de Investigaciones contradice la versión oficial de Washington (que niega la participación en el arresto de los dos narcos) y se atribuye, por primera vez, el mérito principal de la polémica detención de El Mayo y del hijo de El Chapo.

El FBI detalla que se trató de una misión “heroica y sin precedentes”, llevada a cabo por dos agentes, quienes “convencieron” a Joaquín Guzmán López para que hiciera el trabajo de extracción y entrega de El Mayo, como así ocurrió el 25 de julio de 2024. Ese día, el cofundador del Cártel de Sinaloa llegó en un avión privado que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, en la zona metropolitana de El Paso (donde ha permanecido todo este tiempo), solo que ahora está expuesto en el museo aeroportuario de la base de Santa Teresa “como símbolo de la lucha contra el crimen organizado” y junto a aviones de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam.

Las cuatro negaciones de Salazar

Polémica El 9 de agosto de 2024, el embajador de EU en México, Ken Salazar, negó en rueda de prensa que su país haya proporcionado recursos o agentes para la detención del Mayo Zambada

La captura de El Mayo provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que el entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador asegurara que no fue notificado previamente sobre la operación que terminó con la caída del histórico narco.

Tras estallar el escándalo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió una explicación al embajador estadounidense, Ken Salazar, quien en una rueda de prensa negó, no una, sino cuatro veces, cualquier implicación de Washington: “No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta fue una operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro”.

Dos años después, el FBI no solo contradice en su totalidad al ahora exembajador Salazar, sino que, según lo publicado, revela el nombre de la misión —Operation Kings of the Air— y añadió que se trató de un “operativo heroico y sin precedentes”, en el que “los agentes especiales, cuyos nombres se reservan a Pie de Nota —a solicitud del FBI—, lograron el arresto y traslado de uno de los principales objetivos del gobierno de los Estados Unidos".

Aunque la investigación periodística no aclara explícitamente que la operación transcurriera en suelo mexicano, del comunicado del FBI se desprende que el rol de los agentes fue “convencer” a Joaquín Guzmán López (quien se encontraba en México) para que hiciera el trabajo de extracción y entrega de El Mayo.

Asimismo, el informe técnico del FBI revela que el Beechcraft King Air fue alterado de forma sofisticada para evadir radares y la señalización trasera estaba pintada intencionalmente para que no pudiera verse durante el vuelo, de lo que se desprende de nuevo que fueron agentes del FBI los que secuestraron al capo en México y lo llevaron a EU en una de sus aeronaves… la que ahora se expone en un museo aeronáutico cerca de El Paso.

Por último, el comunicado subraya que la operación fue “altamente compleja, audaz y reservada” (atendiendo al anglicismo secretive), matiz este último importante porque refuerza la idea de que se ocultó deliberadamente. Esta es la pregunta que se hizo este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

“¿Quién mintió?”

En la mañanera, Sheinbaum recordó que el entonces embajador Salazar aseguró en 2024 que ninguna agencia de Estados Unidos participó en la operación y afirmó que, a la luz de las nuevas revelaciones, la llevó a solicitar nueva información sobre el caso, al señalar que “no se entiende por qué se presenta este avión como una operación de una agencia de Estados Unidos” cuando la versión oficial estadounidense había sido distinta.

“¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?“, dijo la presidenta, visiblemente molesta, y advirtió que, de confirmarse esa participación sin conocimiento del Gobierno de México, podrían haberse vulnerado tratados internacionales, la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la República revisar si hubo algún delito en el proceso de captura y anunció que se requerirá información directamente al FBI.

En cualquier caso, las preguntas formuladas por la presidenta son retóricas o se tendrían que reformular, porque la cuestión no es si el FBI mintió, sino por qué mintió Salazar y quién le dio la instrucción de ocultar lo que el FBI dice ahora que pasó; o dicho de otra manera: ¿Por qué el FBI decidió, dos años después (y bajo otra administración, ahora republicana), admitir que fueron ellos?

En junio de 2021, el entonces presidente demócrata Joe Biden nombró a Salazar embajador de Estados Unidos en México, cargo en el que permaneció hasta el 7 de enero de 2025, dos semanas antes de que regresara Trump a la Casa Blanca.

En los poco más de tres años al frente de la delegación diplomática más estratégica y compleja para los intereses de EU, Salazar dejó sin respuesta todas las peticiones de la FGR para que entregara datos formales solicitados desde agosto de 2024 sobre el plan de vuelo, la identidad real del piloto o los registros de aduanas de la aeronave que llevó a EU a los dos narcos mexicanos.

Cadena perpetua “pactada”

Las preguntas al aire de la presidenta y el anuncio de que se reabre el caso en su totalidad llegan apenas un día después de que se conociera que El Mayo, de 76 años, había aceptado la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado por su defensa ante un tribunal federal de Nueva York, con la condición de no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante su condena.

Los abogados de Zambada entregaron una carta al juez Brian M. Cogan, en la que afirman que el acusado se declaró culpable de los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada en su contra, plenamente consciente de que la consecuencia legal sería una sentencia de cadena perpetua y que no está solicitando una pena inferior a la prevista por la ley.

En cambio, solicita al juez Cogan (el mismo que envió a El Chapo Guzmán a una cárcel de máxima seguridad a perpetuidad) que tenga en cuenta su buena conducta durante el proceso al emitir una recomendación sobre el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones donde cumplirá la sentencia.

La audiencia de sentencia de Zambada está prevista para el próximo 20 de julio ante el juez Cogan, quien deberá determinar la condena definitiva y emitir recomendaciones sobre dónde cumplirá la pena.

Pero de la petición de los abogados de El Mayo se desprende un posible acuerdo del capo con las autoridades de EU para delatar a prominentes figuras mexicanas relacionadas con el crimen organizado, entre las que podrían estar políticos de primer nivel.

En su libro autobiográfico de memorias titulado Borderlands: My Fight for a More Inclusive America (Las Fronteras: Mi lucha por un EU incluyente), cuyos extractos comenzaron a circular en México el fin de semana del 20 y 21 de junio, Salazar relata que un prominente empresario mexicano cercano al mandatario —a quien el diplomático apodaba “El Susurrador” (The Whisperer)— se le acercó a finales de agosto de 2024 para advertirle que AMLO “está muy preocupado por la información que Estados Unidos pueda obtener de ‘El Mayo’, como si el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera soltar la sopa sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos”.

Con esta misma carga de sospecha, Trump denuncia cada vez que puede que los narcotraficantes gobiernan México y que los acuerdos entre el crimen organizado y la administración federal son innegables.

Hasta ahora, la estrategia del gobierno mexicano era presentar con datos detenciones, decomisos y narcos extraditados a EU.

Sin embargo, de las declaraciones de la propia presidenta y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se desprende un cambio de narrativa en la que se sugiere que quienes se sientan a negociar con los criminales son las autoridades estadounidenses.

“A partir de la detención” del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán, ocurrida en enero de 2023 en Sinaloa, “ocurren una serie de hechos”, ha dicho Sheinbaum. “Entonces, se hace la pregunta: ¿quién hace acuerdos con el crimen organizado? Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás".

En la pregunta de la presidenta va implícita la respuesta que necesita escuchar: primero, que Estados Unidos debe aclarar sin dilación, la grave contradicción entre lo que acaba de revelar el FBI y lo que sostiene Salazar; y segundo, que el inquilino de la Casa Blanca, sea quien sea, debe saber que México, como país soberano y leal a sus compromisos, necesita todas las garantías del vecino del norte de que ningún agente o comando del FBI o de la DEA, y desde luego del Ejécito de EU, vaya a intervenir en el futuro en territorio mexicano, sin previo conocimiento y autorización de las más altas instancias de la nación y siempre en colaboración con las fuerzas armadas mexicanas.

La guerra contra el crimen organizado y contra el narcotráfico sólo se puede ganar intensificando la cooperación y el intercambio de información de inteligencia entre ambos países, y también impulsando leyes para evitar que los criminales puedan comprar alegremente armas de guerra en las armerías estadounidenses. Todo, menos poner absurdas zancadillas al principal aliado en la misma lucha.