ANIMAL POLÍTICO. El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, mantuvo una postura de cautela respecto a las investigaciones que involucran al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
En entrevista con Azucena Uresti, Marín Mollinedo abordó las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el exmandatario acusado por su supuesta relación con operaciones de contrabando de combustible, sin embargo, dijo que no le corresponde emitir un juicio ni adelantar la culpabilidad de las partes involucradas.
El ahora aspirante a coordinación de la “Cuarta Transformación” en Quintana Roo fue cuestionado sobre los argumentos de la defensa legal de Ruffo —la cual, mencionó Uresti, sostiene que la empresa Ingemar no tenía conocimiento de las operaciones irregulares cometidas por la compañía transportista contratada—. Ante ello, el exfuncionario no descartó dicha posibilidad.
“Pues pudiera ser, no sé, eso ya no depende de mí, depende de las investigaciones, de las declaraciones… pues que se aclare todo bien, definitivamente yo no acuso a nadie, no tengo interés en perjudicar a nadie, simplemente que se lleven a cabo las medidas y quien resulte responsable que pague”, sentenció.
El extitular aduanero detalló que durante su gestión se implementaron operativos supervisados para detener la entrada de combustibles no declarados o clasificados bajo fracciones arancelarias incorrectas.
En el caso específico que involucra a Ruffo, Marín Mollinedo explicó que Aduanas detectó que los permisos de importación de combustibles estaban a nombre de la empresa Ingemar, lo cual reportaron ante la FGR y esta dependencia, dijo, “se encargó de armar las carpetas, empezaron a hacer las investigaciones, porque era la principal empresa que importaba esos combustibles”.
Al abordar la presunta participación de funcionarios y agentes en este esquema, Marín Mollinedo confirmó que existen agentes aduanales y exservidores públicos detenidos desde el año pasado por su vínculo con la red de contrabando.
En la misma conversación, Marín Mollinedo fue cuestionado sobre acusaciones respecto a su patrimonio personal. El exdirector de la ANAM rechazó cualquier vínculo con actos de corrupción e insistió en que sus bienes provienen del sector privado.
Precisó además que sus ingresos y propiedades derivan de un negocio privado en Cancún, Quintana Roo, el cual opera desde hace varios años, deslindando así sus bienes de los sueldos percibidos durante su paso por la función pública.
El caso continúa en manos de las autoridades correspondientes para esclarecer la responsabilidad de los implicados y el deslinde definitivo respecto a las operaciones de comercio exterior vinculadas a la empresa en cuestión.
El pasado 16 de julio, el exgobernador de Baja California y exsenador, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido por autoridades federales por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustible.
Ese mismo día, la FGR informó que Ruffo Appel y otras 24 personas operaron una red de contrabando de combustible que evadió miles de millones de pesos y estimó que el daño a la Hacienda Pública es de más de 4 mil millones de pesos.
La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, detalló que la organización realizaba acciones de contrabando de hidrocarburo, introduciendo combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reportaba menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Asimismo, explicó que entre enero y julio de 2025, se detectó que la organización investigada habría llevado a cabo cuatro mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas, lo que permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
El exgobernador de Baja California, presunto dirigente de una organización criminal. Foto: Facebook de Ernesto Ruffo Appel
Tres días después -el 19 de julio- la FGR obtuvo prisión preventiva contra ocho personas, entre ellas el exgobernador de Baja California. Los imputados enfrentan acusaciones por delincuencia organizada y contrabando derivadas de una investigación sobre operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de combustibles.
Tras una audiencia inicial que se prolongó por más de un día, la dependencia dio a conocer que, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación contra Ruffo Appel, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”.
Ante ello, un juez ordenó prisión preventiva para Ruffo, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes permanecen en el penal del Altiplano, en el Estado de México. En tanto, José María “N” y Guillermo “N” continúan el proceso en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” ingresó al Cereso Nezahualcóyotl Sur.