ELEFANTE BLANCO. Una empresa establecida en Tamaulipas y señalada en investigaciones sobre huachicol fiscal aparece en la ruta comercial de una constructora beneficiada con contratos públicos en Quintana Roo.
JSC Servicios Aduanales realizó operaciones con Construindustrial y de Servicios SIMMA, compañía que formó parte de un grupo de cinco contratistas que recibieron más de 150 millones de pesos del gobierno encabezado por Mara Lezama y de municipios de esa entidad entre 2023 y 2024.
La conexión fue documentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) mediante estados de cuenta obtenidos durante una auditoría de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas. SIMMA concentró la mayor cantidad de recursos dentro del grupo empresarial analizado.
Las compañías fueron contratadas para realizar obras de alumbrado, señalética, infraestructura educativa, parques, canchas y otros proyectos urbanos. Sus nexos con Tabasco Capital aparecen en actas mercantiles, representantes legales y domicilios compartidos.
En un cateo efectuado el 22 de febrero de 2025 en Querétaro, agentes federales encontraron documentos de Tabasco Capital. En el expediente citado por MCCI, la Fiscalía General de la República describió a la compañía “como una empresa utilizada para facturar el producto obtenido ilícitamente”.
La FGR ubicó a la firma dentro de una investigación sobre una red de tráfico de combustibles atribuida al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo. Según la acusación federal, las aportaciones de capital para introducir combustible desde Guatemala y Estados Unidos habrían sido “cruciales para el incremento exponencial de las ganancias deducidas de la comercialización ilícita de hidrocarburo”.
SIMMA declaró en un procedimiento de contratación de 2023 el domicilio San Martín de Porres 111, colonia Carrillo Puerto, en Querétaro. Es la misma dirección reportada por Tabasco Capital.
La constructora también tuvo operaciones con JSC Servicios Aduanales, esta última apareció como cliente de Hevi Logistics, firma estadounidense señalada por el envío del combustible transportado por el buque Challenge Procyon, asegurado en marzo de 2025 en el puerto de Tampico.
Además, JSC recibió transferencias de Ahavat Logistics Solution, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La investigación detectó posibles irregularidades en la competencia por contratos, pues Construservicios ESL, Constructora 112029 y SIMMA participaron en un mismo procedimiento para construir el corredor del malecón de la laguna de Cobá, aunque entre ellas existían coincidencias de domicilios y personas relacionadas.
Tras conocerse los señalamientos, la dirigente estatal del PAN de Quintana Roo, Reyna Tamayo, pidió transparentar las contrataciones: “Que se investigue lo que tenga que investigarse y que se explique lo que tenga que explicarse. Los quintanarroenses merecen saber cómo se utiliza su dinero”.
Los vínculos societarios, comerciales y domiciliarios documentados no demuestran por sí mismos que los recursos públicos entregados a las constructoras hayan financiado operaciones ilícitas. Sí colocan bajo revisión los controles aplicados por el gobierno de Quintana Roo y sus municipios antes de contratar a empresas relacionadas con una firma investigada por la FGR.