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Acusa Auditoría bloqueo de la SFP

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, de bloquear su labor durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

En un informe presentado este sábado, el órgano señaló que la SFP mostró resistencias e incluso impidió el acceso a sus instalaciones y archivos, además de que algunos de sus funcionarios se negaron a comparecer y a entregar información para un expediente de investigación en contra de un líder sindical, al que no identificó.

“Durante la auditoría, la SFP mostró resistencia al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF”, señala el informe en el que, también, acusan al organismo encabezado por Sandoval Ballesteros, de ser incongruente con la labor que desempeña. 

“La posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal tiene entre sus facultades”, acusó la ASF.

Parte de lo que la ASF auditaba eran los procesos de coordinación implementados por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, por delegados, subdelegados, comisarios públicos y Órganos Internos de Control para eficientar el control interno de la Administración Pública Federal (APF) y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En esas condiciones, dice el informe, la SFP no acreditó si implementó o no los mecanismos de coordinación y control interno para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y de las metas de las dependencias y entidades de la APF, ni de qué manera focalizó los actos de auditoría en áreas que son proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública.

Lo que sí se encontró, adelantó, fueron irregularidades y deficiencias en procesos de contratación y gestión profesional de servidores públicos que ocupan plazas en la coordinación de órganos de vigilancia, algunos de los cuales, afirmó, no contaban con los años de experiencia requeridos en los perfiles del puesto. 

De igual forma, la ASF exhibió que, en todo 2019, la SFP solo realizó 92 investigaciones de evolución patrimonial, una cifra irrisoria en comparación con las 575 mil 834 declaraciones presentadas por los funcionarios ese año.

En otras palabras, la ASF insinuó que, durante su primer año, la SFP no investigó a los burócratas de la llamada Cuarta Transformación, y tampoco dispuso de “una política, lineamiento o metodología que estableciera las bases y justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación”, pues la mitad de las investigaciones se originaron en notas periodísticas.

En respuesta, a través de un comunicado, la SFP argumentó que los tiempos, debido a la pandemia, fueron extraordinarios. 

Y que, en efecto, promovieron un extrañamiento al buscar la ASF entrevistas con su personal, pues dice que esa medida no es la habitual. 

Incluso, para confirmar su colaboración, afirmaron que dieron acceso a 30 mil expedientes que fueron requeridos por la ASF para que fueran revisados en las instalaciones donde se encontraban, a fin de que se verificara que se cumple con el debido proceso; sin embargo, la entidad fiscalizadora no acudió a la revisión.

La Función Pública subrayó que la Auditoría no emitió promoción de responsabilidades administrativas sancionatoria alguna, ni solicitudes de aclaración hacia ellos.

“Lo único que recibimos de la ASF fueron recomendaciones para fortalecer el control interno, las cuales tomaremos en cuenta con total responsabilidad a fin de alcanzar mejoras en la operación”, afirmó la SFP.

Fuente: El Mañanero Diario

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