EL HERALDO DE MÉXICO. La Contraloría Estatal denunció ante las Fiscalías General de la República y Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a 17 exfuncionarios de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, en tanto que 21 exservidores de primer y segundo nivel fueron inhabilitados ante la serie de irregularidades en las cuales incurrieron.
Norma Angelica Pedraza Melo, titular de la Contraloría Estatal, ofreció una conferencia de prensa en la cual dio a conocer que se han instaurado un total de tres mil 014 expedientes de responsabilidad administrativas ante la presentación de quejas y denuncias.
Los 17 exservidores públicos denunciados ante las Fiscalías de la República y el estado laboraban en las secretarías de Economía, Obras Públicas, Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Administración, Instituto del Deporte y la propia Contraloría Estatal.
De los más de tres mil expedientes de responsabilidad administrativa han sido radicados 524 expedientes al encontrarse elementos de prueba de irregularidades de los cuales en 67 se han establecido sanciones. El resto se encuentran en curso de definirse la sanción.
Reveló que más de mil expedientes de delitos graves prescribieron durante la pasada administración observándose que pese a las evidencias estos no tuvieron el debido curso, hubo lentitud en su tratamiento, por lo cual se han presentado denuncias e investigaciones en contra de quienes tuvieron la responsabilidad sobre tales expedientes.
La Contraloría ha turnado al Tribunal de Justicia Administrativa 24 expedientes por delitos graves inhabilitando apenas a cinco exservidores públicos.
Pedraza Melo cuestionó el desempeño del Tribunal de Justicia Administrativa ya que mientras en un expediente la Fiscalía logro una condena de tres años de cárcel, la recuperación de un millón 300 mil pesos, y 10 de inhabilitación para el inculpado el TJA sobre el mismo expediente no encontró nada.
Comentó que existen recursos de amparo y nulidad por lo cual algunas de las sanciones no han quedado en firme.De las 83 personas sancionadas 54 han sido inhabilitados, 36 amonestados y tres suspendidos, de los cuales 37 fueron el pasado año.
Apuntó que como resultado de la serie de auditorías practicadas por la Contraloría en el proceso de entrega-recepción se observo un daño al erario por un monto superior a los 500 millones de pesos.