ABC. El Congreso de Tamaulipas analiza reformas en materia de seguridad y derechos humanos, propuestas por el diputado de Morena, Marcelo Abundiz, las cuales buscan reconocer la violencia en el noviazgo como un tipo de violencia de género.
Otra de las propuestas es actualizar el tipo penal de extorsión y sancionar la fabricación y posesión de artefactos explosivos, además de incrementar la pena máxima por homicidio calificado.
Uno de los dictámenes más relevantes propone tipificar la violencia en el noviazgo como una forma de violencia contra la mujer, lo que permitirá a las víctimas contar con herramientas legales para denunciar agresiones en relaciones sentimentales.
Abundiz explicó que muchas jóvenes viven situaciones de abuso que no se denuncian debido a la falta de reconocimiento legal, lo que perpetúa un ciclo de violencia que afecta a las víctimas, sus familias y comunidades, con esta reforma, el Congreso busca visibilizar y atender esta problemática, garantizando que las mujeres tengan protección y acceso a la justicia.
Otro dictamen presentado busca actualizar el tipo penal de extorsión, un delito que ha crecido en los últimos años y que afecta la economía local y la seguridad de la ciudadanía, la extorsión no sólo genera pérdidas económicas, sino que también alimenta un clima de miedo y desconfianza en la sociedad.
La propuesta legislativa busca sancionar de manera más severa a los responsables, con el objetivo de disuadir a los delincuentes y proteger a la población, Abundiz destacó que esta iniciativa ha sido respaldada por diversas fuerzas políticas, lo que demuestra un consenso sobre la urgencia de atender este problema.
El tercer dictamen propone sancionar penalmente la fabricación, posesión y transportación de artefactos explosivos, como minas, así como aumentar la pena máxima por homicidio calificado.
El legislador explicó que el uso de explosivos representa un riesgo creciente en materia de seguridad, por lo que se busca fortalecer el marco legal para prevenir su fabricación y distribución, sin embargo, respecto al aumento de penas por homicidio calificado, se determinó que no existen argumentos jurídicos sólidos para justificar la medida, por lo que se considera improcedente.