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Amnistía Internacional alerta sobre un patrón de represión y criminalización de la protesta social e

ANIMAL POLÍTICO. Amnistía Internacional advirtió que en México existe un patrón de represión y estigmatización de la protesta social por parte de autoridades, orientado a deslegitimar las causas que la motivan, particularmente visible en los últimos meses y documentado durante este año en al menos 14 estados del país, que afecta de manera principal a personas racializadas no blancas, integrantes de pueblos originarios y mujeres.

La organización señaló a través de un comunicado que estos hechos “afectan de manera importante el derecho de las personas a la reunión o protesta pacífica”, un derecho que calificó como una vía legítima para “llamar la atención sobre hechos violatorios de derechos humanos, cuando otras formas de negociación con el Estado no han dado resultado”.

Subrayó además que la actuación de las autoridades en contextos de manifestaciones pacíficas “no está guiada por los estándares internacionales de derechos humanos”, lo que deriva en “uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves de derechos humanos”.

Criminalización de la protesta mediante figuras penales ambiguas

Amnistía Internacional alertó que la criminalización de la protesta se apoya en figuras penales ambiguas.

En los hechos, señaló, “delitos como la obstrucción a las vías públicas y oposición a la obra pública y otros de tipo ambiguo como motín, pandillerismo e incluso secuestro —incluidos en los Códigos penales federal y estatales— son utilizados para criminalizar a las personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica”.

En ese sentido, enfatizó que “el mero ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica no debe tratarse como un delito penal”.

El comunicado también destacó que las autoridades deben facilitar las manifestaciones, no tratarlas como una amenaza y evitar prácticas como el encapsulamiento. Asimismo, recordó que “las detenciones arbitrarias están prohibidas en todo momento” y que el uso de la fuerza solo puede darse como último recurso y bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El organismo recordó que la protesta pacífica está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos y que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar y garantizar este derecho sin discriminación.

También subrayó que las autoridades deben abstenerse de estigmatizar a quienes protestan y que las manifestaciones “no deben ser vistas desde el principio como violentas”.

Represión documentada en al menos 14 estados

La represión de protestas sociales, indicó el organismo, se ha observado este año en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Amnistía Internacional destacó además que estas prácticas tienen un impacto diferenciado, pues “va dirigida principalmente a personas racializadas no blancas, a personas de pueblos originarios, o mujeres que reclaman el ejercicio pleno de sus derechos humanos”.

Entre los ejemplos de movilización social mencionados se encuentran las marchas del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer; del 10 de mayo, “Por la dignidad nacional, Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, y la del 25 de noviembre, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Asimismo, señaló que las personas de comunidades originarias recurren a la protesta pacífica para defender sus tierras “de la invasión de grandes empresas que buscan explotar sus recursos naturales en detrimento de poblaciones enteras”.

Amnistía Internacional documentó que el 8 de marzo de 2025 mujeres que participaron en las marchas fueron agredidas en diversos estados. Según el comunicado, se reportaron “al menos 16 detenciones arbitrarias en Hidalgo, Chihuahua y Coahuila; el uso de gas lacrimógeno en los estados de Yucatán, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo”, así como “golpes y encapsulamientos a mujeres” en Hidalgo. En Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León, agregó, hubo “diversos tipos de agresiones, incluso por redes sociales, en contra de las mujeres que protestaban”.

La organización también recordó detenciones y agresiones contra mujeres que protestaban en Puebla en agosto, así como la detención de 105 estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán en septiembre, “por al menos 400 elementos policiales estatales y municipales, con uso excesivo de la fuerza”.

Además, señaló hechos de represión en manifestaciones conmemorativas del 2 de octubre en el Estado de México, agresiones contra periodistas documentadas en noviembre y actos para impedir protestas estudiantiles en Guanajuato y Chiapas, así como el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones del 15 de noviembre en la Ciudad de México.