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Sheinbaum retoma ruta de Morena para cambiar elección judicial tras críticas: filtros, boletas y cos

ANIMAL POLÍTICO. La elección del Poder Judicial de 2025 generó críticas por los filtros de aspirantes, el tamaño de las boletas, los llamados “acordeones”, la baja participación y la llegada de perfiles cuestionados o sin experiencia judicial previa. Aunque Claudia Sheinbaum no presentó su iniciativa como una corrección a errores del primer proceso, la reforma constitucional que anunció este lunes atiende varios de esos puntos: aplaza de 2027 a 2028 la siguiente elección de jueces y magistrados, modifica las reglas de selección de candidaturas y simplifica la votación.

La propuesta tampoco parte de cero. El documento que en principio será dictaminado en la Cámara de Diputados retoma puntos de una iniciativa presentada en abril por legisladores de Morena, en la que se señalaron “áreas de oportunidad” en la evaluación de aspirantes, los criterios de selección y los tiempos de organización electoral.

La propuesta para modificar la elección al Poder Judicial llegó tras un análisis de la consejera jurídica. Foto: Cuartoscuro

Plantea aplazar la jornada judicial de 2027 al domingo 4 de junio de 2028, reducir candidaturas, aplicar exámenes de conocimientos, simplificar boletas, crear una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación y establecer capacitación permanente obligatoria para jueces y magistrados.PUBLICIDAD

De acuerdo con la presentación hecha por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, en 2028 se elegirían cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito y, en el ámbito local, 424 magistraturas y 2 mil 831 jueces en 25 entidades.

El aplazamiento también impactaría la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues la propuesta señala que las cuatro magistraturas pendientes de renovar pasarían a elegirse en 2028.

La iniciativa también abre otro frente político: plantea que la elección judicial de 2028 pueda realizarse el mismo día que una eventual revocación de mandato presidencial, en caso de que ésta sea solicitada conforme al artículo 35 constitucional.

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El anuncio llegó cinco días después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a la Cámara de Diputados aplazar la elección judicial de 2027 a 2028, al advertir que realizarla junto con los comicios federales y locales elevaría el costo, duplicaría la instalación de casillas y podría afectar la participación ciudadana.

El 13 de mayo, el INE entregó a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en San Lázaro, un diagnóstico técnico con estimaciones sobre presupuesto, casillas, boletas, personal operativo, capacitadores, funcionarios de casilla, mecanismos de recolección, bodegas y espacios para el cómputo de votos.

De acuerdo con el diagnóstico, realizar el mismo día la elección ordinaria y la judicial tendría un costo de casi 21 mil millones de pesos. Sólo la elección judicial costaría alrededor de 8 mil 500 millones de pesos si se hace en 2027, mientras que trasladarla a 2028 implicaría un costo estimado de 6 mil millones.

El instituto también advirtió que con la legislación actual una persona tendría que acudir a una casilla para votar por cargos ordinarios y después trasladarse a otra para elegir integrantes del Poder Judicial. Sheinbaum sostuvo este lunes que el cambio no responde sólo al costo, sino a la facilidad para votar, “más que el costo, es la facilidad para elegir”, afirmó.

Sheinbaum retomó la ruta de Morena para aplazar la elección judicial tras críticas al proceso. Foto: Archivo Cuartoscuro

La ruta que ya estaba en la Cámara de Diputados

La iniciativa de Claudia Sheinbaum retoma parte de una propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria el 21 de abril, suscrita por los diputados de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Vázquez, así como por los senadores Javier Corral y Susana Harp, para modificar el modelo de elección judicial, fortalecer filtros de aspirantes, incorporar exámenes y recorrer la elección a junio de 2028.

En su exposición de motivos, los legisladores señalaron que la elección judicial de 2025 evidenció “áreas de oportunidad” en la evaluación y selección de aspirantes, así como en los tiempos de organización electoral. También advirtieron que algunos requisitos, como promedios académicos o cartas de recomendación, son insuficientes para medir competencias técnicas necesarias para impartir justicia.

La propuesta de abril planteaba crear un Comité Único de Evaluación. La iniciativa de Sheinbaum, en cambio, mantiene los comités de cada poder, pero crea una Comisión Coordinadora para verificar requisitos formales y homologar criterios de evaluación, incluido un examen de conocimientos.

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“Cada Comité va a hacer su evaluación, pero que se establezcan y se homologuen estos criterios de evaluación y selección donde se incluya examen de conocimientos”, expuso Luisa María Alcalde.

La reforma también busca reducir candidaturas y simplificar las boletas. Los comités seleccionarían a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y después habría una insaculación pública para dejar dos candidaturas por cargo y especialidad.

Con ese cambio, las candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasarían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30, y las del Tribunal Electoral, de 63 a 42. Cada elector votaría por un juez y un magistrado por especialidad, en boletas que distinguirían si la candidatura fue postulada por el Ejecutivo, el Legislativo o el Poder Judicial.

Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia. Foto: Cuartoscuro

Perfiles cuestionados y capacitación exprés

Durante la cobertura de la elección judicial de 2025, Animal Político, en colaboración con el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, documentó casos de personas que llegaron a la boleta, ganaron la elección y asumieron funciones pese a señalamientos sobre su perfil o falta de experiencia judicial previa.

Entre ellos estuvo Carmen Alejandra Lozano Maya, electa jueza penal en la Ciudad de México, señalada en expedientes y denuncias públicas por presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad y fabricación de delitos cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público.

También se documentó el caso de Alejandro González Tapia, electo juez mixto en Chalco, Estado de México, quien reconoció no haber trabajado antes en un tribunal ni haber emitido una sentencia antes de recibir un curso intensivo de poco más de dos meses para asumir el cargo.

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Su trayectoria incluía cargos públicos como regidor, asesor legislativo y director municipal; en 2024 buscó una diputación local por el PRI y, en la etapa final del proceso electoral judicial, fue visto en eventos de Morena. “Yo no tengo esa experiencia completa”, reconoció en entrevista. Al preguntarle cuál sería su mayor desafío como juez, respondió: “la falta de experiencia, sin duda”.

María del Refugio Elizabeth Rodríguez, directora de la Escuela Judicial del Estado de México, advirtió entonces que la formación de personas juzgadoras no podía resolverse sólo con un curso intensivo: “un juez no se forma en dos meses”. También sostuvo que los siguientes candidatos deberían pasar antes por la Escuela Judicial porque “la preparación debe ser condición, no consecuencia”.

La nueva propuesta presidencial busca modificar esos filtros con examen de conocimientos, revisión de antecedentes, buena fama pública, criterios homologados y capacitación permanente obligatoria para jueces y magistrados.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro

La ruta legislativa y las primeras reacciones

Ricardo Monreal, también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que la iniciativa de Sheinbaum se dictaminará junto con la propuesta presentada en abril por legisladores de su partido, entre ellos Ramírez Cuéllar y Olga Sánchez Cordero. “La propuesta de modificación a la Constitución presentada por varios legisladores hace como un mes se tiene que dictaminar junto con la que envíe la presidenta”, afirmó.

El legislador planteó que ambas iniciativas se acumulen en la Comisión de Puntos Constitucionales y que la reforma pueda discutirse la próxima semana en un periodo extraordinario. Aunque rechazó que los cambios impliquen reconocer fallas en la reforma previa, sostuvo que la reducción de aspirantes puede atender una de las críticas del primer proceso, “yo creo que el número de aspirantes que motivó la crítica de los acordeones se puede eliminar con las propuestas que se hagan por parte del Ejecutivo federal”.

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El propio Ramírez Cuéllar celebró las coincidencias entre la propuesta presidencial y la iniciativa que presentó junto con otras legisladoras y legisladores de Morena. El diputado destacó puntos en común en el aplazamiento de la elección judicial a 2028, la reducción de candidaturas, la creación de una Comisión Coordinadora, la posibilidad de aplicar exámenes, la capacitación permanente y la reorganización de la Suprema Corte en dos secciones.

Desde la oposición, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que Acción Nacional esperará a conocer el texto antes de fijar una postura formal, pero consideró que la iniciativa puede ser una oportunidad para corregir la reforma judicial y evitar que se repitan los “electos por acordeones”.

También advirtió que los cambios deben proteger la carrera judicial para que trayectorias construidas durante décadas no se destruyan por una “bolita de tómbola”, y señaló que si la elección judicial de 2028 se empata con una eventual revocación de mandato, ese escenario requerirá un debate nacional.

El INE y el Tribunal Electoral ya habían pedido el aplazamiento de la elección judicial. Foto: Archivo Cuartoscuro

En el Senado, el PRI adelantó que votará en contra de la reforma, mientras que Movimiento Ciudadano también se pronunció en contra de que el cambio se limite a recorrer la elección judicial a 2028. Ambas bancadas plantearon que el problema no se resuelve sólo con aplazar el proceso, sino con revisar de fondo el modelo de elección de personas juzgadoras.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) se pronunció contra el aplazamiento y sostuvo que mover la elección judicial a 2028 representa “la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original”.

La organización afirmó que posponer la elección no resuelve la crisis de legitimidad ni los problemas logísticos del modelo, y calificó la reducción de aspirantes y el rediseño de boletas como “intentos cosméticos que no eliminan la contaminación partidista ni garantizan el perfil técnico de las y los juzgadores”.

La reforma también contempla que las elecciones judiciales y ordinarias puedan realizarse en la misma ubicación, sin intervención de representantes de partidos en la elección de personas juzgadoras; que el cómputo se haga en las mismas casillas; que el Senado adelante de septiembre a abril la emisión de la convocatoria general, y que las vacantes por muerte, renuncia o destitución se renueven en la siguiente elección.

El debate legislativo no estará centrado sólo en aplazar la elección judicial de 2027 a 2028, sino en definir si el Congreso modifica también los filtros de aspirantes, la cantidad de candidaturas, el diseño de las boletas, la capacitación de personas juzgadoras, el papel de los comités de evaluación y la posible concurrencia con una revocación de mandato.