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CNDH arremete más de 100 veces contra defensores y organizaciones por Ayotzinapa

ANAIMAL POLÍTICO. En su nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) arremetió más de 100 veces contra 18 organizaciones sociales, fundaciones y personas defensoras de derechos humanos que han acompañado a las familias de los 43 normalistas desaparecidos o que simplemente han emitido pronunciamientos para exigir justicia. 

La semana pasada, la CNDH dio a conocer su Recomendación 208VG/2026 sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con la cual exime de responsabilidad tanto al Ejército como a la Marina en los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, a pesar de lo que señalan informes previos tanto independientes como institucionales sobre el caso.

El documento, lejos de aportar elementos para esclarecer lo que ocurrió con los estudiantes o sumar al proceso de reparación de sus familias, es utilizado por el organismo para cuestionar a las asociaciones civiles que han seguido el caso por prácticamente 12 años.

Animal Político identificó al menos 18 organizaciones, fundaciones y personas defensoras de derechos humanos que son cuestionadas por la CNDH. Entre estas se encuentran, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que han acompañado y representado legalmente, desde el primer momento, a las familias de los 43 normalistas.

Un ejemplo de las descalificaciones a estas asociaciones aparece en la página 158 de su recomendación, donde señala que las “víctimas atendidas por las organizaciones recibían toda la atención, pero al costo de que las asumieran como de su propiedad, convirtiéndose ellas, las organizaciones, en protagonistas centrales, relegando a las víctimas indirectas a un segundo plano, y haciéndolas rehenes de su agenda”.

El Centro Prodh identificó que fue mencionado al menos 60 veces en la Recomendación para deslegitimar sus actividades. En una revisión hecha por este medio se identificaron al menos otras 40 menciones para descalificar la labor de Tlachinollan y organizaciones como Fundar y Serapaz, que también dieron acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada. De igual forma, se cuestiona a la Red TDT, un colectivo que agrupa a unas 80 asociaciones civiles.

Por ejemplo, sobre la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) se señala que “ha sido continua litigante contra la actual gestión de la CNDH y en favor de causas afines a los grupos y partidos de la derecha, o por lo menos han acompañado su agenda contra los gobiernos de izquierda”.

Otras asociaciones civiles cuestionadas son la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Artículo 19 y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

A nivel individual, defensores como Mario Patrón y Santiago Aguirre, ambos exdirectores del Centro Prodh, así como Abel Barrera, director de Tlachinollan, son señalados por la CNDH; lo mismo que Jan Jarab, exrepresentante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien acusó la tortura que sufrieron algunas personas detenidas por el caso Ayotzinapa.

La Recomendación 208VG/2026 fue elaborada bajo la gestión de la actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien militaba en Morena al momento de ser elegida en 2019 para ocupar la presidencia del organismo, el cual debe operar como un ente constitucional autónomo.

CNDH critica a organizaciones por recibir fondos del exterior

En su recomendación, la Comisión Nacional extiende sus críticas a organizaciones internacionales que donan recursos económicos a asociaciones civiles mexicanas. A esas agrupaciones extranjeras las denomina como parte de “Redes Transnacionales de Activismo” que tendrían el objetivo de influir en la política interna de países como México.

Siguiendo esa línea, la CNDH cuestiona a Open Society Foundations por supuestamente financiar actividades del Centro Prodh; a la Fundación Ford por presuntamente haber dado dinero a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y a la Fundación Mac Arthur por haber apoyado a Serapaz.

A nivel personal, el organismo también acusó de ser parte de las Redes Transnacionales de Activismo a Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, y Erika Guevara Rosas, directora de la misma organización para el Continente Americano. 

La CNDH cuestiona a ambas defensoras por haberse pronunciado para que el gobierno federal respetara la autonomía de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), un área que se creó dentro de la Fiscalía General de la República, y cuyo primer titular, Omar Gómez Trejo, renunció en septiembre de 2022, tras diferencias y presiones del entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero. 

CNDH también cuestiona a exfuncionarios y al GIEI

La Comisión Nacional no solo arremetió contra varias organizaciones sociales del país, sino que también cuestionó el actuar de exfuncionarios públicos que aportaron desde esfuerzos institucionales en la investigación.

Tal es el caso de Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos y extitular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ). Esta Comisión, que forma parte del gobierno federal, admitió que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”.

Sin embargo, la CNDH desestimó tal afirmación al señalar lo siguiente en su Recomendación: “hay que decir que la construcción narrativa ‘Fue el Estado’ fue promovida desde una posición internacionalista de los derechos humanos en la que el Estado (mexicano) es sujeto de derecho internacional; pero además, a partir de una falsa definición, puesto que se ha tratado de confundir ‘Estado’ —del cual todos, ciudadanos, gobierno, formamos parte— sólo con el gobierno y en específico, con el Ejército”.

Otra persona increpada por la CNDH es Omar Gómez Trejo, extitular de la UEILCA de la FGR, quien ayudó a procesar a elementos del Ejército por su involucramiento en el caso Ayotzinapa.

La Comisión Nacional dijo que buscó a Gómez Trejo para que colaborara en la investigación, pero el abogado no aceptó, con lo cual “vulneró” el acceso a la justicia.

“Es lamentable su resistencia a responder a la CNDH, la serie de oficios reiterativamente elusivos de su parte y de parte de funcionarios de esa Unidad”, señala la CNDH en la página 790 de su recomendación.

Aunado a esto, el organismo también descalifica al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un equipo de asistencia técnica internacional que investigó el caso y que fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Sobre el GIEI señala que priorizó la creación de una narrativa “Anti-Verdad” y acusa que “lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, fue un intento por imponer narrativas y, por ende, sujetar las investigaciones a ellas”.