Nacional / Frontera Norte

Marina del Pilar Ávila ante la presión de EU: de posible informante a “víctima de una emboscada”

ANIMAL POLITICO. El caso de Marina del Pilar Ávila cruzó la frontera y cambió de dimensión. A la gobernadora de Baja California ya no solo se le pregunta por qué Estados Unidos le canceló la visa, sino quiénes eran las personas que le hablaron de cargos y una posible extradición y qué información de seguridad estaba dispuesta a compartir  para evitar ese escenario.

La gobernadora sostiene que nunca buscó convertirse en informante ni entregar información reservada, sino recuperar su visa mediante una gestión legal. Según su versión, Jaime Bonilla, su antecesor y adversario político, aprovechó esa necesidad para acercarla a una persona que terminó grabándola y sometiéndola a lo que ella llama  “emboscada psicológica”.

Entre ambas versiones quedan los audios en los que Marina del Pilar Ávila pregunta si pretenden extraditarla, escucha advertencias sobre posibles sanciones y se muestra dispuesta a hablar de lo que sabe, incluida la información que recibe durante las mesas de seguridad de Baja California.

En las conversaciones también se mencionan los nombres de Michael Nadler, un abogado radicado en Miami y exfiscal federal especializado en investigaciones financieras; Juan Sandoval, un consultor a quien la mandataria identifica como exagente del FBI, y la propuesta de sostener una reunión en Panamá con supuestos representantes de agencias estadounidenses.

Marina del Pilar Ávila reconoce que la voz es suya, pero asegura que las conversaciones fueron fragmentadas, editadas y colocadas fuera de contexto. Hasta ahora, Estados Unidos no ha confirmado públicamente que haya una investigación, una acusación o una solicitud de extradición en su contra, mientras la identidad de sus interlocutores y su vínculo con las agencias estadounidenses tampoco han sido acreditados.

El episodio dejó de pertenecer solo a la disputa política de Baja California, pues ocurrió en medio de la cancelación de visas a varios funcionarios mexicanos y después de que Washington comenzara a presionar para investigar, procesar y extraditar a políticos presuntamente relacionados con organizaciones criminales. 

La presión de EU y los audios de Marina del Pilar Ávila

Reuters informó el 11 de junio de 2025, con base en cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones bilaterales, que el gobierno de Donald Trump había pedido a México investigar y procesar a políticos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, así como extraditarlos cuando existieran cargos en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum rechazó al día siguiente que su gobierno hubiera recibido una solicitud con nombres específicos y calificó el reporte como falso. Reuters sostuvo su información y aclaró que no había afirmado que Washington entregara una lista de funcionarios.

La presión también comenzó a ejercerse mediante las visas. El 14 de octubre de 2025, Reuters reveló, a partir del testimonio de dos funcionarios mexicanos, que Estados Unidos había cancelado ese documento a más de 50 políticos y servidores públicos, entre ellos integrantes de Morena, el partido gobernante en México.

Tres exembajadores consultados por la agencia señalaron que gobiernos anteriores también habían utilizado esa medida, pero nunca con semejante amplitud. “El gobierno de Trump está encontrando nuevas formas de ejercer más presión sobre México”, declaró Tony Wayne, embajador de Estados Unidos en México de 2011 a 2015, a Reuters.

El siguiente paso llegó a los tribunales. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

La acusación sostiene que los señalados colaboraron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para permitir el envío de grandes cantidades de droga a Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político. Rocha Moya negó los señalamientos y solicitó licencia temporal al cargo, mientras el gobierno mexicano pidió pruebas para analizar la solicitud estadounidense de detenerlo con fines de extradición.

El caso de Rocha Moya estableció un precedente distinto al de las visas, pues Washington dirigió una acusación penal contra un gobernador en funciones y otros integrantes del aparato político y de seguridad de un estado. Para The Atlantic, ese expediente y las conversaciones de Marina del Pilar Ávila muestran que los fiscales estadounidenses están dispuestos a avanzar sobre funcionarios que antes eran considerados demasiado sensibles para la relación bilateral.

A partir de entrevistas con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, el periodista Kevin Sieff plantea que los fiscales comenzaron a utilizar informantes para construir casos contra políticos mexicanos en funciones. Uno de los funcionarios consultados describió el movimiento como un intento por “subir la cadena”, después de años en los que el Departamento de Justicia evitó acusar a altos cargos en activo para no provocar una ruptura diplomática.

Entre las fuentes identificadas aparece Robert Patterson, exadministrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quien advirtió que las investigaciones podrían extenderse conforme los colaboradores aporten información sobre otros funcionarios. “Una vez que destapas la botella, ya no puedes controlar lo que sale”, declaró Patterson a Sieff para el artículo publicado el pasado 24 de julio.

El primer audio relacionado con Marina del Pilar Ávila apareció el 22 de junio de 2026 en la columna de Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, durante una conversación en la que personas presentadas como “asesores externos del FBI” ofrecían organizar una reunión en el consulado estadounidense en Tijuana para hablar de posibles sanciones y cargos. La gobernadora reconoció que la voz era suya, pero negó haber negociado a espaldas del gobierno mexicano.

Una segunda grabación, publicada por De Mauleón el 13 de julio, elevó el tono de la conversación, cuando uno de los interlocutores le habló a la gobernadora de las consecuencias que podría enfrentar y Marina del Pilar Ávila preguntó si pretendían llevarla a extradición.

“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber”, se le escucha decir después de que su interlocutor afirmara que el FBI supuestamente había tomado el caso. En esa misma grabación, difundida el 13 de julio, la mandataria menciona la información que recibe durante las mesas de seguridad de Baja California.

Los audios publicados por De Mauleón el 16 de julio incorporaron la posibilidad de sostener una reunión en Panamá con supuestos representantes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional. Marina del Pilar preguntó si podía acudir acompañada de sus abogados y cómo continuarían las gestiones, aunque después aseguró que el encuentro nunca ocurrió y que no ha viajado a ese país.

Una publicación posterior del mismo columnista, difundida el 27 de julio, agregó el nombre de Juan Sandoval, un consultor con sede en San Diego a quien la gobernadora identificó en sus mensajes como una persona que había trabajado para el FBI y que, según escribió, también fue contratada para asesorarla.

La identidad de quienes hablaron con Marina del Pilar Ávila y su relación con las agencias estadounidenses no han sido acreditadas públicamente. El FBI y el Departamento de Justicia tampoco han confirmado las reuniones mencionadas en las grabaciones. 

La “emboscada” y la mano de Jaime Bonilla

La defensa de la gobernadora empezó a tomar forma después de la segunda filtración, cuando durante una conferencia realizada el 15 de julio en Tijuana acusó a Jaime Bonilla de haberle recomendado al intermediario que la grabó. “Confié de buena fe en mi antecesor y tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, declaró.

Según la mandataria, el intermediario nunca acreditó ser funcionario estadounidense, no mostró documentos que confirmaran la existencia de una investigación ni estableció contacto con sus abogados. Bonilla ha negado haber organizado la supuesta trampa o su difusión y considera ilógico que su adversaria aceptara una recomendación suya sobre un asunto de esa naturaleza.

La mandataria profundizó su versión en una entrevista con El País, realizada el 28 de julio en la Ciudad de México y publicada al día siguiente. Aseguró que esperaba recibir orientación sobre su visa cuando el intermediario comenzó a hablarle de cargos, sanciones y una posible extradición. “Lo sentí como una emboscada psicológica. Fue una emboscada”, afirmó.

Durante otra conversación con Ilia Calderón para N+ Univision, difundida el 30 de julio, sostuvo que las grabaciones fueron construidas con fragmentos de llamadas realizadas en distintos momentos y aseguró que “los audios están manipulados, descontextualizados, editados”. Aunque ofreció someterlos a un análisis forense, no se ha informado sobre un peritaje independiente que respalde esa versión.

Marina del Pilar Ávila también aceptó en esa entrevista que desconoce si alguna agencia estadounidense mantiene abierto un expediente en su contra. “No sé si estoy siendo investigada, si hay alguna investigación”, respondió.

Desde el gobierno federal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó durante la conferencia de Claudia Sheinbaum  del 14 de julio que de los primeros audios no se desprendía la intención de entregar información confidencial. Tres días después, tras conocerse la propuesta de viajar a Panamá, la presidenta pidió que la gobernadora explicara nuevamente el caso.

Hasta ahora, la única medida estadounidense confirmada contra Marina del Pilar Ávila es la cancelación de su visa, pues los cargos, las sanciones y la posible extradición fueron escenarios planteados por interlocutores cuya identidad se desconoce. No existe evidencia pública de que haya entregado información, firmado un acuerdo de colaboración con Estados Unidos o de que enfrente una acusación o solicitud de extradición.

Marina del Pilar Ávila conserva el cargo y continúa sin visa, pero permanece la pregunta, abierta por sus propias palabras, sobre qué esperaban escuchar sus interlocutores y por qué ella creyó que hablar podía ayudarla.