INFOBAE. La violencia contra las mujeres volvió a encender las alertas en Veracruz luego de que, en menos de 24 horas, se registraran dos asesinatos y la privación ilegal de la libertad de otra mujer en distintos puntos de la entidad. Los casos ocurrieron apenas 17 meses después de que el gobierno estatal presentara el programa “Veracruzana Protegida”, una estrategia anunciada para garantizar seguridad, protección y atención inmediata a mujeres víctimas de violencia.
Los hechos se produjeron entre el sábado y el domingo en los municipios de Playa Vicente, Acayucan y Gutiérrez Zamora, mientras organizaciones y especialistas advierten que la violencia de género continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en el estado.
La primera víctima fue Zulema de la Luz González, quien había sido reportada como desaparecida. Su cuerpo fue localizado sin vida en un predio del municipio de Playa Vicente el sábado, apenas un día después de que sus familiares perdieran contacto con ella.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del crimen, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.
Horas después del hallazgo de Zulema, la violencia volvió a hacerse presente.
La mañana del domingo 2 de agosto fue asesinada Ana Libia Gutiérrez Reyes, cuyo cuerpo quedó sobre la carretera que comunica las comunidades de San Martín y Morelos, en la zona limítrofe de los municipios de Acayucan y Soteapan, al sur de Veracruz.
Al igual que en el primer caso, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.
Ese mismo domingo también se reportó la privación ilegal de la libertad de una mujer identificada como la maestra Elena, quien presuntamente fue interceptada por un grupo de personas cuando se encontraba en la terminal de autobuses del municipio de Gutiérrez Zamora.
Hasta el cierre de los reportes oficiales, no se había informado sobre su localización ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.
La coincidencia temporal de estos tres hechos violentos volvió a generar preocupación entre colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que desde hace años han advertido sobre el incremento de desapariciones y muertes violentas en la entidad.
Colectivos y organizaciones exigen resultados en las investigaciones y acciones efectivas para proteger a las mujeres en el estado. (Canva)
Los recientes casos ocurren en un contexto de altos índices de violencia contra las mujeres en Veracruz.
De acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana, entre enero y julio de este año se documentaron 30 presuntos feminicidios, además de 22 homicidios dolosos de mujeres, cifras que reflejan la persistencia de la violencia letal en la entidad.
El informe también reporta 216 desapariciones de mujeres durante ese mismo periodo, un promedio superior a una desaparición diaria, lo que convierte este delito en uno de los principales focos de preocupación para organizaciones civiles y familiares de víctimas.
A estos registros se suman 142 agresiones contra mujeres documentadas en distintos municipios del estado durante los primeros siete meses del año.
Asimismo, el observatorio contabilizó 52 muertes violentas de mujeres, considerando tanto feminicidios como homicidios, durante el primer semestre de 2026.
Los nuevos hechos de violencia ocurren a 17 meses de la presentación del programa “Veracruzana Protegida”, impulsado por el gobierno estatal con el objetivo de ofrecer mecanismos de prevención, protección y respuesta inmediata para mujeres en situación de riesgo.
Sin embargo, la persistencia de asesinatos, desapariciones y agresiones ha llevado a organizaciones civiles a cuestionar la efectividad de las estrategias implementadas para combatir la violencia de género en Veracruz.
Mientras las investigaciones por los tres casos continúan, familiares de las víctimas y colectivos exigen resultados en las indagatorias, así como acciones que permitan reducir la incidencia de estos delitos y garantizar condiciones de seguridad para las mujeres en la entidad.