MVS. La reducción de alrededor del 85% de la zona donde se prohíben las redes de pesca en el Alto Golfo de California genera preocupación entre ambientalistas. Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, advierte que la medida deja desprotegido parte del hábitat de una especie de la que se estima que sobreviven apenas diez ejemplares.
La vaquita marina, uno de los mamíferos marinos más amenazados del planeta, enfrenta un nuevo retroceso en sus posibilidades de supervivencia. El Gobierno mexicano ha decidido reducir drásticamente la superficie del Alto Golfo de California donde se prohíbe el uso de determinadas redes de pesca, una medida que las autoridades justifican por la necesidad de concentrar los esfuerzos de vigilancia en las zonas donde se han registrado los últimos avistamientos de la especie.
La decisión, formalizada mediante un acuerdo publicado el 14 de octubre, ha provocado críticas entre organizaciones ambientalistas que consideran que la reducción de la superficie protegida equivale a reconocer la incapacidad del Estado para hacer cumplir las restricciones pesqueras.
Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, cuestionó la medida durante una entrevista con Ana Francisca Vega en MVS Noticias y advirtió que podría acelerar la desaparición de la especie.
“El gobierno nada más está cediendo a las presiones y está administrando la extinción de la vaquita”, afirmó.
La controversia gira en torno a una decisión que parece contradictoria: reducir el territorio protegido para intentar proteger mejor a una especie cuya población se encuentra al borde de la desaparición.
El nuevo acuerdo modifica las restricciones establecidas en 2020, cuando las autoridades mexicanas consideraron necesario proteger una superficie amplia del Alto Golfo de California por tratarse de un hábitat histórico y potencial de la vaquita marina.
Ahora, el Gobierno busca concentrar la prohibición de redes en una zona considerablemente menor, próxima a los lugares donde se han observado los últimos ejemplares.
Durante la entrevista, Ana Francisca Vega señaló que la reducción alcanza aproximadamente el 85% de la superficie previamente protegida.
El argumento gubernamental, según explicó Olivera, es que resulta más viable vigilar una extensión pequeña que intentar controlar una región demasiado amplia con los recursos disponibles.
Sin embargo, el ambientalista considera que esa estrategia parte de una premisa equivocada.
“La vaquita no entiende de polígonos o de delimitaciones en el agua”, advirtió.
El especialista explicó que los animales pueden desplazarse fuera de las áreas donde se concentran los esfuerzos de vigilancia y quedar expuestos a las redes utilizadas en las zonas que dejan de estar sujetas a las mismas restricciones.
Además, señaló que las artes de pesca peligrosas continúan utilizándose cerca de los lugares donde se han registrado avistamientos recientes.
Para Olivera, reducir la superficie protegida no elimina la amenaza principal, sino que permite que la actividad pesquera se acerque todavía más al hábitat de una población extremadamente vulnerable.
La historia de la vaquita marina es también la de una sucesión de medidas de conservación que no han logrado detener el deterioro de su población.
Olivera recordó que las primeras restricciones importantes comenzaron a establecerse en la década de 1990, cuando se estimaba que existían alrededor de 600 ejemplares.
Más de tres décadas después, la población se ha reducido hasta niveles críticos.
Durante la entrevista, el ambientalista habló de aproximadamente diez vaquitas marinas sobrevivientes, una estimación que refleja la gravedad de la situación, aunque no constituye un censo exacto de todos los individuos existentes.
El problema fundamental, sostuvo, es que las autoridades no han conseguido eliminar el uso de redes peligrosas dentro del hábitat de la especie.
“Nunca han podido hacer cumplir las reglas”, afirmó.
El incumplimiento, según explicó, no se ha limitado a las zonas periféricas de protección.
También se han utilizado redes dentro de la llamada zona de cero tolerancia, un espacio donde las restricciones deberían ser particularmente estrictas debido a la presencia de vaquitas marinas.
Para Olivera, esta situación demuestra que el problema no es únicamente la extensión del área protegida, sino la falta de vigilancia efectiva y de aplicación de las regulaciones.
“Lo que esto demuestra es una incapacidad del gobierno de proteger a la vaquita”, sostuvo.
El ambientalista cuestionó que la respuesta a décadas de incumplimiento sea reducir las obligaciones de protección en lugar de fortalecer los mecanismos para hacerlas efectivas.
A su juicio, esa decisión podría consolidar una tendencia en la que cada nuevo fracaso de vigilancia termina acompañado de restricciones menos exigentes.
La principal amenaza para la vaquita marina es su captura accidental en redes utilizadas para la pesca.
Olivera explicó que una parte importante de estas artes de pesca se emplea para capturar camarón, una actividad económica relevante para las comunidades del Alto Golfo de California.
Durante la entrevista describió redes que pueden alcanzar los 600 metros de longitud y que permanecen durante horas en el agua.
Al desplazarse con las corrientes, estas redes pueden atrapar distintas especies, incluida la vaquita marina.
“Estamos hablando de cientos de este tipo de redes en el agua al mismo tiempo en una temporada de camarón”, señaló.
El riesgo es especialmente grave porque la especie cuenta con una población tan reducida que la muerte de un solo ejemplar puede representar una pérdida considerable para sus posibilidades de recuperación.
La reducción de la superficie donde se prohíben las redes podría incrementar la exposición de los animales si estos se desplazan hacia zonas donde continúe la actividad pesquera.
Olivera insistió en que la delimitación administrativa de las áreas protegidas no modifica el comportamiento de los animales ni garantiza que permanezcan dentro de los espacios seleccionados por las autoridades.
La preocupación del Centro para la Diversidad Biológica no se limita al contenido del acuerdo publicado el 14 de octubre.
Olivera aseguró que, pocos días después, las autoridades sostuvieron una reunión con pescadores del Alto Golfo en la que se alcanzaron entendimientos verbales que podrían flexibilizar todavía más las restricciones.
Según el ambientalista, en esa reunión se acordó permitir determinadas actividades pesqueras dentro de espacios sujetos a prohibiciones.
El especialista consideró que ese episodio refleja la presión que enfrentan las autoridades para conciliar la conservación de la especie con las demandas económicas del sector pesquero.
“Lo que publicaron recientemente, el 14 de octubre, también lo acaban ya de volver a debilitar con una reunión que tuvieron, un acuerdo verbal que se tuvo entre autoridades y pescadores del Alto Golfo”, declaró.
La entrevista no incluyó documentación sobre el contenido de ese supuesto acuerdo verbal ni una respuesta de las autoridades o de los representantes pesqueros.
Sin embargo, Olivera sostuvo que la combinación de restricciones territoriales menores y posibles excepciones en su aplicación coloca a la especie en una situación todavía más vulnerable.
“Eso es prácticamente sentenciarla a la extinción”, advirtió.
El conflicto no se reduce a una confrontación entre ambientalistas y pescadores.
Olivera reconoció que las comunidades del Alto Golfo necesitan mantener sus actividades económicas y que la conservación de la vaquita marina requiere ofrecer alternativas viables para quienes dependen de la pesca.
En ese sentido, cuestionó que las autoridades no hayan impulsado suficientemente la utilización de artes de pesca alternativas que permitan capturar camarón sin recurrir a las redes que representan un peligro para la especie.
Según explicó, existen prototipos y tecnologías desarrolladas para reducir el riesgo de captura accidental.
El problema, aseguró, es que su implementación no ha recibido el respaldo necesario.
“Hay artes de pesca que son diferentes a las redes, con los cuales pueden seguir pescando camarón principalmente, y estos no se usan, aunque están ahí los prototipos”, afirmó.
El ambientalista sostuvo que una estrategia efectiva debe combinar restricciones claras con apoyos para la transición productiva de las comunidades.
“No solo es de prohibir redes y dejar que pesquen, sino también hay que darles alternativas; esas alternativas existen y esas alternativas no se han implementado y no se han apoyado”, señaló.
La falta de estas opciones contribuye a mantener un conflicto que lleva décadas sin resolverse: proteger una especie en peligro crítico sin abandonar a las familias cuya economía depende de los recursos marinos.
La decisión del Gobierno mexicano también podría tener consecuencias en el ámbito comercial y diplomático.
Olivera recordó que la conservación de la vaquita marina es objeto de seguimiento internacional, particularmente por parte de Estados Unidos y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Según explicó, México enfrenta restricciones comerciales relacionadas con productos pesqueros del Alto Golfo de California y ha sido objeto de medidas en el marco de CITES por los problemas de conservación de especies amenazadas.
El ambientalista advirtió que el debilitamiento de las medidas de protección podría generar nuevas sanciones o agravar las existentes.
“México está en escrutinio internacional”, afirmó.
Olivera también cuestionó la explicación que, según dijo, han ofrecido algunos funcionarios mexicanos sobre el papel de CITES en la modificación de las áreas protegidas.
El especialista rechazó que la convención internacional haya obligado al Gobierno a reducir la superficie de protección.
“Es el gobierno mexicano que solicita a CITES, CITES le da chance y, bueno, y ahora pues voltean el discurso diciendo que es una presión de CITES”, sostuvo.
Asimismo, consideró incorrecto afirmar que la reducción de las restricciones permitirá levantar automáticamente las medidas comerciales estadounidenses.
Sus declaraciones reflejan la posición del Centro para la Diversidad Biológica. La entrevista no incluyó la versión oficial de CITES ni de las autoridades mexicanas sobre las negociaciones y los compromisos internacionales.
La supervivencia de la vaquita marina se ha convertido en una prueba de la capacidad del Estado mexicano para proteger una especie que únicamente habita en sus aguas.
Desde las primeras medidas de conservación de la década de 1990 hasta las restricciones establecidas en 2020, los esfuerzos no han conseguido eliminar de manera permanente las redes que amenazan a los ejemplares sobrevivientes.
Ahora, la reducción de la zona protegida abre un nuevo debate sobre la estrategia gubernamental.
Las autoridades sostienen, según la explicación abordada en la entrevista, que concentrar la vigilancia en una superficie menor puede aumentar su efectividad.
Los ambientalistas, en cambio, advierten que esa decisión deja expuestas áreas que siguen formando parte del hábitat de la especie y que no resuelve el incumplimiento de las regulaciones.
El desafío consiste en garantizar que las zonas protegidas estén realmente libres de redes peligrosas y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas económicas a las comunidades pesqueras.
Para Olivera, después de más de 30 años de restricciones insuficientemente aplicadas, reducir las protecciones representa una señal preocupante sobre el futuro de la especie.
La discusión ya no es solamente cuántas hectáreas deben quedar bajo vigilancia, sino si México está dispuesto a realizar los esfuerzos necesarios para impedir que desaparezca uno de sus mamíferos marinos más emblemáticos.
Con una población estimada en apenas una decena de ejemplares, cada decisión puede resultar determinante. La vaquita marina no tiene margen para esperar otros treinta años a que las autoridades encuentren una solución.