AP. El fiscal general de Nuevo México presentó el miércoles una demanda contra el Departamento de Justicia a nivel federal, al que acusó de entorpecer la investigación del estado en torno a los delitos sexuales en un rancho que fue propiedad de Jeffrey Epstein cerca de Santa Fe.
La denuncia interpuesta ante un tribunal federal en Washington, D.C. asegura que el Departamento de Justicia y el secretario interino Todd Blanche pusieron trabas a la investigación penal del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, sobre Epstein y otras personas, tomando medidas que “perjudican activamente a las víctimas y socavan el interés público”.
La demanda, que busca intervención judicial para obligar al gobierno federal a entregar material a los investigadores de Nuevo México, se presentó el mismo día en que la Cámara de Representantes del estado dio a conocer un informe en el que afirmó que “aquellos que eran directamente responsables de proteger a los habitantes de Nuevo México confiaron en otros para hacer su trabajo”, incluidos fiscales federales en Nueva York.
Epstein se quitó la vida en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York en agosto de 2019, después de que se le negó libertad bajo fianza por cargos de tráfico sexual.
La exnovia y estrecha colaboradora de Epstein, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años en prisión después de ser declarada culpable de cargos de tráfico sexual en Nueva York en 2021. Durante su juicio, testigos declararon que ella y Epstein habían abusado sexualmente de mujeres en su rancho de Nuevo México.
Los fiscales del estado “han enfrentado una resistencia sostenida” al tipo de intercambio de información que en el pasado se había dado entre investigadores estatales y federales, según la demanda.
El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que no divulgó parte de la información solicitada por el estado debido a que existen órdenes de tribunales federales que prohíben revelar información que identifique a las víctimas.
“Nuevo México no ha aportado ninguna base legal para justificar divulgaciones tan amplias”, señaló la agencia. Añadió que proteger la privacidad de las víctimas sigue siendo una prioridad máxima, y que el Departamento de Justicia “sigue disponible para ayudar a la investigación de Nuevo México en conformidad con la ley y las órdenes judiciales vinculantes”.
La demanda afirma que Blanche y el Departamento de Justicia ocultan información sobre Epstein y sus cómplices cuando Nuevo México es una de las pocas jurisdicciones que aún puede responsabilizar a los cómplices de Epstein o “brindar algún sentido de justicia a los sobrevivientes”.
El fiscal general de Nuevo México afirmó que su oficina ha presentado 10 solicitudes de información, las cuales han sido ignoradas o rechazadas.
“Hemos escuchado en repetidas ocasiones que cooperarán y lo que nuestro equipo ha experimentado es todo menos cooperación”, declaró Torrez.
“Al día de hoy, de un plumazo, Todd Blanche podría concedernos el acceso que dijo que nos daría”, señaló Torrez. “En cambio, han decidido bloquear, obstruir y, francamente, ocultar por la razón que sea”.
El informe provisional difundido por la Comisión de la Verdad de los Sobrevivientes de Nuevo México culpó en parte a la fiscalía federal en Manhattan por la falta de información sobre las actividades de Epstein en Nuevo México. La comisión, establecida en febrero por legisladores estatales, señaló que las autoridades federales se enfocaron en los delitos de Epstein en Nueva York, Palm Beach, Florida, y las Islas Vírgenes, mientras dejaban sin examinar los casos en Nuevo México.
Pero la comisión también se refirió a la evidencia reunida por fiscales federales en Nueva York para describir a mujeres que aseguraron que fueron víctimas de abuso sexual a manos de Epstein en Zorro Ranch.
En el juicio contra Maxwell, Annie Farmer, ahora psicóloga, testificó que tenía 16 años cuando aceptó ir al rancho, donde Maxwell le tocó el pecho durante un masaje y que Epstein se metió a la cama con ella de forma inesperada.
En respuesta a una solicitud de comentarios, un portavoz de la fiscalía federal en Nueva York envió el comunicado del Departamento de Justicia sobre Epstein.
Coincidiendo con la publicación del informe, unos 50 miembros de los medios de comunicación y la comunidad se reunieron el miércoles en una sala de audiencias legislativas del capitolio estatal de Nuevo México para escuchar los hallazgos preliminares de la comisión.
Rachel Benavidez, la única oradora en la parte de “testimonio de sobrevivientes”, afirmó en la reunión que Epstein abusó sexualmente de ella en Zorro Ranch. Aseguró que las conexiones de Epstein con personas en los círculos más altos del estado le permitieron “deambular en libertad aquí en Nuevo México sin control” después de que fue condenado por delitos sexuales en otros lugares.
“No necesitamos más archivos de papel que sirvan como artefactos”, dijo Benavidez, instando a que la comisión interrogue a “cómplices” que ayudaron a Epstein a evadir a la justicia en el estado.
Benavidez ha dicho en entrevistas que fue llevada al rancho para trabajar como masajista a finales de la década de 1990. El miércoles relató que Epstein explotó “la única cosa que significaba todo para mí en ese momento, mi carrera”.
Un grupo de víctimas y familiares de las víctimas de Epstein acusó a Blanche en un comunicado de “seguir protegiendo a los abusadores” al retener la información que solicita Nuevo México.
“El argumento del DOJ de que no entregará archivos para proteger la identidad de los sobrevivientes es risible cuando el DOJ ya ha revelado sus nombres e información personal”, dijeron, refiriéndose a la agencia por sus iniciales en inglés.
Epstein compró la propiedad en Stanley, Nuevo México, una comunidad ganadera escasamente poblada a unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de Santa Fe, en 1993 al exgobernador Bruce King, y construyó una mansión con una pista de aterrizaje privada y un helipuerto.
La propiedad fue vendida por el patrimonio de Epstein en 2023 a la familia de Don Huffines, un republicano que recientemente fue nombrado contralor estatal en Texas. Huffines señaló en febrero pasado en redes sociales que la propiedad fue rebautizada como San Rafael Ranch, en honor a un santo asociado con la sanación, y que su familia planea operar un retiro cristiano en el lugar.
El Departamento de Justicia comenzó a divulgar en diciembre documentos relacionados con Epstein y Maxwell, de conformidad con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.
Rápidamente surgieron quejas, tanto de acusadores como de miembros del Congreso que lucharon por aprobar la ley de transparencia, debido a tachaduras deficientes y por la cantidad excesiva de material censurado. Los archivos publicados —incluidas fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, expedientes judiciales y otros documentos— ya eran públicos o estaban sumamente censurados, y muchos carecían del contexto necesario.